De la Redacción
Para miembros de la Barra de Abogados de Quintana Roo, la extorsión representa un grave daño al patrimonio de las personas, mancilla la libertad y refleja un precario Estado de Derecho, ya que las autoridades no están garantizando la seguridad de los habitantes y su patrimonio, en detrimento del desarrollo económico y social tanto del país como de las ciudades como Cancún, donde este tipo de delitos se ha mantenido al alza.
Jurídicamente -explicaron-, en México y en todas las zonas donde se registra este tipo de hechos delictivos son tres las modalidades que los grupos criminales emplean para ello.
El primero es el engaño telefónico, que puede suceder cuando se recibe una llamada que informa que son acreedores a un premio y se condiciona su entrega a cambio de alguna cantidad de dinero o tarjetas prepagadas de algún servicio.
El otro es mediante la amenaza telefónica que se da cuando se recibe una llamada de alguien que intenta atemorizar para que se pague cierta cantidad de dinero.
“En estos casos, el delincuente amenaza y exige que se pague una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra nuestros familiares o nuestra persona”, explicó uno de los abogados consultados respecto a este problema.
El tercer modo y es el que al menos en Cancún ha generado serios problemas a empresarios, y a todo tipo de comerciantes en general, es el cobro por derecho de piso.
“Este fenómeno ocurre cuando los delincuentes se presentan directamente en el establecimiento, empresa u hogar para exigir cantidades periódicas y así garantizar la integridad física de la víctima o de su actividad comercial; y en el caso de Cancún, son decenas de negocios que han tenido que cerrar sus puertas a consecuencia de ello”, se enfatizó.
Estos fenómenos delictivos vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeños y medianos empresarios.
La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo.
Lo grave de ello, y a pesar de que el problema se mantiene al alza, es que las autoridades no dan avance alguno para atacar esta situación y con ello, garantizar la seguridad a los empresarios y los comerciantes en general que han sido víctimas de estos delitos en los últimos meses, desde la zona hotelera hasta las regiones y fraccionamientos de la ciudad.