Gastos excesivos de gobernadores de 17 Estados de la República han sido solapados por sus Congresos locales, al haber erogado montos finales superiores a sus presupuestos aprobados para ejercerse durante todo un año de ejercicio fiscal; el Estado de Campeche con el entonces ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas tuvo el nada honroso primer lugar de haber sido la Entidad que más excedió su presupuesto autorizado justo en año electoral como lo fue el 2018, reveló un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El organismo de la sociedad civil abundó sobre su estudio presentado “Indice de Información del Ejercicio del Gasto”, pero enfocado a la complicidad legislativa que solapa la práctica de sobrepasar los presupuestos autorizados para las administraciones estatales, el IMCO señala que existe un “abuso sistemático entre los recursos presupuestados y los ejercidos por las Entidades”.
Ante tal problemática, los congresos locales no actúan para detener el abuso en el ejercicio de los recursos públicos, a pesar de que trimestralmente son informados de las variaciones injustificadas del presupuesto público.
Esto crea una complicidad legislativa, pues los diputados locales no usan sus facultades para emitir opiniones respecto al ejercicio del gasto público, y no usan su facultad de llamar a comparecer a los secretarios de finanzas para justificar las variaciones excesivas en el gasto estatal, complicidad que va en contra d4e la austeridad.
Tan sólo durante 2018, el Gobierno del Estado de Campeche, aún bajo el yugo del ex mandatario Alejandro Moreno Cárdenas, fue la Entidad que más sobrepasó su gasto administrativo versus el ejercido durante ese año electoral.
En primer sitio, Campeche excedió en un 337 por ciento su gasto administrativo presupuestado al inicio del 2018, lo que no sólo no fue sancionado sino solapado desde la pasada Legislatura del Estado (LXII).
Por ello, la recomendación del IMCO a los congresos estatales es establecer controles a las modificaciones presupuestales de los Poderes Ejecutivos estatales, que limiten el aumento desproporcionado e injustificado de su gasto administrativo. Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida o ramo en más del 15 por ciento, debe contar con la aprobación del su Congreso local.
Así mismo, que haya una mayor participación de las legislaturas estatales no sólo en la aprobación, también en la supervisión del ejercicio del gasto, para que verdaderamente cumplan su función de contrapeso, algo que se hace difícil en la Entidad donde tanto la anterior legislatura dominada por el PRI, como la actual con Morena como segunda fuerza, se ha mostrado sumisa ante la el Poder Ejecutivo Estatal.
(Texto: Carlos Valdemar / Fotos: POR ESTO!)