De la Redacción
CHETUMAL, 20 de enero.- Ponerle un alto a la auditoría financiera y administrativa a la pasada XV Legislatura, así como encubrir la corrupción de los más de 100 millones de pesos que se destinaron opaca e irregularmente al rubro de “ayudas sociales”, fueron parte de los acuerdos que se pactaron para darle a la diputada Reyna Durán Ovando la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso.
Tan es así que en esta nueva XVI Legislatura se repetirán los mismos vicios y despilfarros cometidos por sus antecesores, luego de que a propuesta de la presidenta de la Jugocopo se asignaron 75 millones de pesos a las cuestionadas y hasta denunciadas “ayudas sociales”, más otros 7.5 millones para las casas de “atención ciudadana” de los 25 diputados.
Se trata de un presupuesto autorizado para el derroche de los legisladores, que aprovecharán hacer proselitismo disfrazado de “ayuda y gestoría social”, adelantándose a los tiempos legales de campaña y trabajando su imagen desde este momento de cara a las elecciones venideras.
Por estas decisiones la actual legislatura cargará con una mayor crítica social, no sólo porque mantienen el cuestionado rubro de las “ayudas sociales”, al que le asignaron un ingente presupuesto de 75 millones de pesos en este año, sino porque además es totalmente contradictorio al discurso de austeridad marcado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que deben cumplir todos los gobiernos y representantes populares emanados del Morena.
Serán 12 millones 185 mil pesos los etiquetados a “ayudas sociales a personas” (gestoría social), otros 2 millones por concepto de “otras ayudas diversas” (apoyos económicos-etiquetado), más una partida de 10.5 millones para “gestoría de diputados”.
También hay 47 millones 315 mil pesos por concepto de “ampliación y complemento de gestoría”, aunque se trata de un rubro que no está claro y que no detalla la manera en que se utilizará este recurso; luego se tienen cerca de 2 millones de pesos para las “becas y otras ayudas para programas de capacitación”, así como millón y medio para “ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro”.
Todo lo anterior da un gran total de 75.5 millones de pesos, aunque el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) no aprueba este gasto y ha pedido a los congresos estatales que lo reduzcan y establezcan reglas claras para su uso, ya que las “ayudas sociales” no recaen en las funciones propias de un legislador, e incluso con ellas se invaden atribuciones de otros entes de gobierno.
En este capítulo no se deja claro si también está incluido el gasto que se necesitará para mantener las casas de “atención ciudadana” de los 25 diputados, por lo cual se autorizó una partida de unos 25 mil pesos mensuales para cada legislador, lo que hace un total anual de 7.5 millones de pesos.
Pero además, en la propuesta que habría presentado Reyna Durán Ovando y Arturo Castro Duarte, como presidenta de la Jugocopo y secretario general del Congreso, respectivamente, se autorizó una partida de casi 20 millones para las “dietas” de los diputados; otra de casi 27 millones por “prestaciones de fin de año en efectivo”; de 6 millones 960 mil pesos del “fondo de ahorro de diputados”; 25 millones y medio por concepto de “ayuda para renta y apoyo de vivienda”; así como 9.7 millones en “ayuda para transporte”.
Las “ayudas sociales” se quedan y ahora se oficializan, con lo que también se da “carpetazo” a la investigación iniciada en contra de la pasada XV Legislatura y del diputado Eduardo Martínez Arcila, que desde la presidencia de la Gran Comisión fue señalado como el principal responsable del opaco e irregular manejo de más de 100 millones de pesos destinados a este rubro, pero donde se descubrieron documentos falsos y también falsos beneficiarios, incluso de personas que aseguraron no haber solicitado ni recibir estos apoyos, por lo que las asociaciones Somos tus Ojos y El Observatorio Legislativo de Quintana Roo hicieron una serie de denuncias por el delito de peculado o desvío de recursos.
Martínez Arcila está acusado por presuntos actos de corrupción, de mal uso y hasta desvío de recursos públicos, principalmente por el presunto desfalco de más de 100 millones de pesos destinados a las ayudas sociales, así como de otras irregularidades e ilegalidades cuando dirigió el Congreso de Quintana Roo en la pasada XV Legislatura.
La auditoría financiera y administrativa se inició por órdenes del diputado Edgar Gasca Arceo, cuando éste tuvo por muy corto tiempo la presidencia de la Jugocopo, y como parte de sus primeros resultados arrojó el descubrimiento de un presunto aparato de espionaje instalado en las oficinas de la presidencia del Congreso.
Otros hallazgos fueron una flotilla de 26 vehículos heredados por la anterior Legislatura, entre éstos dos camionetas Suburban que eran de uso exclusivo de la Presidencia de la extinta Gran Comisión; también se encontraron aviadores y trabajadores que cobraban doble sueldo, además una gran fuga de recursos que pudo ascender a casi 5 millones de pesos en tan sólo 8 meses, consistente en el pago irregular de compensaciones adicionales al sueldo y que se otorgaban discrecionalmente a un total de 63 personas.
También se supo que Martínez Arcila incurrió en incumplimiento del convenio de austeridad firmado por el Congreso del Estado, al no haber devuelto a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el pago de los últimos tres meses correspondiente a su gestión como presidente de la Gran Comisión, es decir, de los meses de junio, julio y agosto de 2019, a razón de un millón y medio de pesos mensuales.
En diciembre del año pasado se orquestó el cambio de Gasca Arceo y se entregó la presidencia de la Jugocopo a la diputada Reyna Durán Ovando, pero entre los acuerdos políticos que se pactaron para que la legisladora llegara al codiciado puesto, estaban los de dar “carpetazo” a la investigación en contra de Martínez Arcila y la pasada XV Legislatura.
De hecho, la diputada Durán Ovando acordó no volver a tocar el tema para evitar el “golpeteo político” y no afectar la imagen de Martínez Arcila y del PAN, motivo por el cual ya no se ha sabido de los avances en las investigaciones y tampoco se le fincaron responsabilidades al legislador panista, ni se ha procedido de manera administrativa ni penalmente.