Por Olivia Vázquez
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) al igual que otros organismos empresariales consideraron como una terrible decisión la exención otorgada a la inversión dirigida a erogaciones en juegos y concursos. Piden al Congreso de Quintana Roo no incentivar la operación de casinos y menos aún dejarlos exentos de impuestos, pues es una actividad que debería por el contrario pagar hasta tres veces más de impuestos por los daños sociales que se derivan de su actividad relacionados con la ludopatía, problemas sociales, de salud y hasta trata de personas.
En un comunicado emitido por la Canieti, que se suma a otras reacciones que han expresado empresarios de los distintos sectores productivos, se refiere que los casinos en México no solo no deberían quedar exentos de pagar impuestos sino que “deberían pagar tres veces más que cualquier otra industria para resarcir los daños sociales que se derivan de su actividad”, sentencia Marco Antonio Erosa, presidente de este sector.
La disposición adicionada en un artículo del Paquete Fiscal 2020 para otorgar una exención del pago de impuesto en inversiones dirigidas a actividades de juegos y concursos, se considera una terrible decisión.
Desde la Canieti, siempre se ha fomentado la apertura a industrias creativas y tecnológicas que generan empleos de alto valor agregado para crear de esta manera una actividad paralela al turismo, y así cumplir con el sueño de diversificar la economía de Quintana Roo.
En este contexto les resulta extraño que de la noche a la mañana y sin consulta previa, la Legislatura de Quintana Roo tome una decisión unilateral que deja sin incentivos fiscales al sector tecnológico, y al mismo tiempo agrava problemas sociales existentes otorgando estos incentivos a una ‘industria’, “que fomenta situaciones sociales que promueven los problemas de inseguridad, desintegración familiar, feminicidios, suicidios, etcétera, que padece la entidad, es cuando menos inapropiado”, añadió.
Se trata, desde su perspectiva de un terrible mensaje para el resto de los sectores económicos y para la sociedad quintanarroense, en tanto que la perjudicaría por agravar los conflictos que padece. El argumento de que por estar en zonas turísticas no afectará a la sociedad, le parece una mentira, toda vez que también los quintanarroenses tendrán acceso a sus actividades.
En ese contexto, el empresariado advierte al gobierno que esta iniciativa no estaba contemplada en la Ley de Ingresos y fue incluida de última hora, contraponiendo a la nueva política fiscal de la Federación de no otorgar privilegios a sectores que no representan una aportación, por lo que solicitan al Ejecutivo estatal que no sea aplicado este artículo transitorio que entró por “debajo del agua” a último minuto con total falta de transparencia, de análisis y de consulta, sólo respondiendo a un “interés oscuro”.