Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 6 de enero.- Mientras que las inversiones para casinos serán perdonadas del pago del impuesto sobre juegos y concursos este año, los quintanarroenses tendrán que cargar con un nuevo y más costoso reemplacamiento vehicular, además de un aumento en diferentes impuestos locales y el cobro de nuevos derechos en materia de hospedaje y por el uso de unidades de servicio en zonas arqueológicas, entre otras nuevas y mayores cargas tributarias aprobadas por la XVI Legislatura a solicitud del Gobierno del Estado.
Asimismo, los quintanarroenses arrancan este nuevo año con un mil 800 millones de pesos más que a finales del 2019 se cargaron a la deuda pública de corto plazo, cantidad que se destinó para cubrir necesidades de la administración pública estatal, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal para subasanar gasto corriente.
El alza de impuestos locales y derechos no debería estar justificada, pues el gobierno federal no consideró recortes de presupuesto para el estado de Quintana Roo en el presente ejercicio fiscal, incluso otorgó poco más de 150 millones de pesos adicionales a los ingresos proyectados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
No obstante, así como metieron una exención para la apertura de nuevos casinos, los diputados de la XVI Legislatura, ni siquiera los de la “alianza lopezobradorista”, no se tomaron la molestia de revisar que los ingresos que el estado recibirá de la federacion sean los que aprobó la Cámara de Diputados del Congreso de la Union, por lo que en el cuestionada Ley de Ingresos del Estado para el 2020 se tiene ese faltante de más de 150 millones de pesos de los ingresos federales autorizados para Quintana Roo.
Como ya se ha dicho, los casinos que inviertan más de 40 millones de pesos y que acrediten que por lo menos el 50 por ciento de sus clientes son extranjeros o no residentes de la entidad, serán perdonados de pagar el Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos, de acuerdo con lo que establece el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el presente ejercicio fiscal 2020.
Pero mientras se incentiva la apertura de casinos, al permitir que los que se abran en este año sean eximidos del pago de ese impuesto local, los quintanarroenses deberán cargar con un nuevo, costoso e innecesario reemplacamiento vehicular, apenas tres años después del último canje de placas que se tuvo en 2017.
Los contribuyentes se verán obligados a pagar un mil 141 pesos por el cambio de placas para automóviles y camionetas, 380 pesos para motocicletas y 528 pesos para remolques. A lo anterior se le suman 100 pesos por el costo de la tarjeta de circulación 2020.
No obstante, la Sefiplan va por el “carro completo” en materia de recaudación vehicular, pues informó que para obtener las nuevas latas ahora será requisito que el propietario presente original y copia de su licencia de conducir vigente.
Lo anterior seguramente representará un gasto adicional para muchos contribuyentes que no pudieron renovar sus licencias en el 2019, pues lo tendrán que realizar a la brevedad si quieren reemplacar sus automotores.
El programa de reemplacamiento vehicular 2020 tiene fines totalmente recaudatorios, pues el último programa de canje de placas fue apenas en el 2017 y, ante las dificultades económicas y los cargos moratorios que impone la Sefiplan, muchos contribuyentes lograron realizar su cambio de matrículas uno o 2 años después.
Cabe señalar que el costo por reemplacar un automóvil a partir del este año puede variar según sea el caso, pues si el contribuyente no cumplió con sus refrendos hasta el 2019 o anteriores, su reemplacamiento podría rebasar los 5 mil pesos si su auto es de modelo reciente o con una antigüedad menor a los 9 años.
Lo anterior porque la Sefiplan estaría retirando subsidios en la tenencia vehicular a los contribuyentes que tengan pagos atrasados, lo que dispararía considerablemente el costo por el canje de placas vehiculares.
Pero además, a partir de este 2020 entró en vigor la nueva Ley de Hacienda Estatal aprobada por la XVI Legislatura, en la que se incluye la creación de un nuevo impuesto a las casas de empeño, así como el incremento de las tasas de cobro de los impuestos locales al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas, sobre enajenación de vehículos de motor usados entre particulares, cedular por la enajenación de bienes inmuebles y sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo.
Con ello, a partir de este año se aumentó la tasa aplicable del 1 % al Impuesto sobre Enajenación de Vehículos de Motor Usados entre Particulares, que ahora queda en 2 por ciento.
Quedará exento de este impuesto la adquisición, cesión o transmisión de derechos de vehículos de motor usados que realicen los gobiernos federal, estatal o municipales; así como la adquisición entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado.
El Impuesto Cedular por la Enajenación de Bienes Inmuebles hasta el año pasado se encontraba a una tasa del 2 % sobre la base gravable determinada; pero para este 2020 se incrementó al 5 %, por lo que aquellos contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles deberán efectuar el nuevo pago del impuesto por cada una de las operaciones que realicen.
Se exenta del pago de la contribución que se cause por la enajenación de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, esto con la finalidad de privilegiar y proteger la economía familiar.
El Impuesto al Libre Ejercicio de Profesiones y Actividades Lucrativas pasó del 1 al 3 %, tomándose como base el total de los ingresos que perciba el sujeto de este gravamen por ejercer libre y habitualmente una profesión.
Se entenderá por ejercicio libre de una profesión aquel que se lleva a cabo sin que exista una relación de dependencia o subordinación laboral del profesional.
La obligación de presentar declaraciones subsistirá aun cuando no hubiese cantidad a cubrir. Cuando los contribuyentes causen baja o suspendan temporalmente actividades, deberán liquidar el impuesto que a la fecha se ha generado aplicando la tasa del 3 % sobre el importe de los ingresos percibidos.
Con relación al Impuesto sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, anteriormente se causaba por cada metro cúbico que se extraiga de los materiales objeto de la contribución, con una tarifa de 0.14 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con la nueva Ley de Hacienda se estableció una tasa diferenciada dependiendo del tipo de material que se extrae: sustrato o tierra fértil quedó con una tarifa de 0.14 UMA por metro cúbico; el sascab con 0.16 UMA, piedra con 0.20 UMA y arena con 0.22 UMA.
Para este año también se incorpora el Impuesto a Casas de Empeño, cuyo objeto es la enajenación de bienes dados en prenda no recuperados por el deudor prendario, con una tasa del 16 % sobre la diferencia resultante entre el monto del avalúo fijado como base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria, derivado del contrato de mutuo con garantía prendaria que celebre el sujeto del presente impuesto con el público en general.
Otro “regalito” de año nuevo es el cobro que realizará la Sefiplan por el uso de las unidades de servicio en zonas arqueológicas del estado, que comprende los baños, estacionamientos, bebederos y pasillos, entre otros.
Se trata de un nuevo cobro, pues aunque ya estaban plasmados en la Ley de Derechos desde el año pasado y eran parte de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), estos cobros no se habían autorizado a cobrar sino hasta el 2020, y ahora la Sefiplan estará a cargo de ellos y con tarifas más elevadas.
Por este concepto están incluidos 14 sitios arqueológicos de Quintana Roo, con cobros de más del doble a los que tenían establecidos en 2019, cuando aún no se autorizó su cobro.
En Cobá, San Miguelito y Tulum el uso de las unidades de servicio tendrá un costo de 0.8876 UMA (74.99 pesos), anteriormente este derecho estaba en 0.47 UMA (39.71 pesos).
En Kohunlich y San Gervasio quedó a 0.8876 UMA (74.99 pesos), cuando antes tenía un cobro de 0.45 (38.02 pesos) y 0.37 UMA (31.26 pesos), respectivamente.
En Chacchoben y Dzibanché-Kinichná quedó en 0.7101 UMA (59.99 pesos), anteriormente tenían una tarifa de 0.37 UMA (31.26 pesos).
En El Meco, El Rey y la zona de Oxtankah se manejará un cobro de 0.6509 UMA (54.99 pesos), cuando antes tenía un cobro de 0.34 UMA (28.72 pesos).
En Muyil la tarifa quedó en 0.5326 UMA (44.99 pesos), cuando antes estaba en 0.29 UMA (24.50 pesos).
La tarifa de Xelhá se fijó en 0.8876 UMA (74.99 pesos), cuando antes tenía un cobro de 0.34 UMA (28.72 pesos).
Además, se agregaron las zonas de Xcaret y el Museo Maya de Cancún, con un cobro de 0.8876 UMA (74.99 pesos) en ambos casos.
Este año también se aplicará el cobro por Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, que se suman a los otros seis municipios donde ya se cobraba, que son Benito Juárez, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
En el caso particular de Othón P. Blanco, el DSA se causará en razón del 0.15 del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cuarto y/o por noche de ocupación, lo que actualmente equivale a 12.64 pesos; mientras que para el caso de los turistas de crucero, se les estará cobrando el 0.30 del valor diario de la UMA, que equivale a 25 pesos.
El DSA también aplicará a los turistas que arriben en taxi marítimo al Muelle Fiscal de Chetumal, es decir, los procedentes de la isla de San Pedro, Belice, ya que su cobro está dirigido a las personas que lleguen vía marítima a territorio del municipio.
Quedan exentos de pagar el DSA las personas que acrediten ser residentes del municipio de Othón P. Blanco.
Por otro lado, apenas a finales del año pasado el gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), dispuso la contratación de una línea de crédito a corto plazo por un monto de un mil 872 millones de pesos, cantidad que se destinó para cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Los créditos a corto plazo no requieren la autorización del Congreso local y deben ser cubiertos por la administración estatal que los solicita, pero éstos siguen representando deuda pública que se carga al estado, de manera que este año se aumentó en casi 2 mil millones de pesos más la deuda pública de corto plazo.
Lo anterior además de los más de 19 mil millones de pesos en deuda a largo plazo que carga la entidad, y que este año deben ser refinanciadas con la intensión de bajar su carga de intereses.