La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que ya se está buscando la posibilidad de revertir la concesión de DHC-Aguakan en Benito Juárez y Solidaridad y acotaron que a nivel nacional sólo se tiene concesiones de este tipo en seis estados, donde calificaron que la población ha externado su molestia por las condiciones y servicio que reciben.
Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Conagua, aseguró desde el Palacio Nacional, en el marco de la conferencia de prensa del presidente, que ya se está brindando asesoría, pero tiene que haber voluntad tanto de los estados como de los municipios para poder revertirla, siempre dentro del marco de la legalidad.
La funcionaria federal enfatizó que de este tipo de concesiones hay en seis estados y actualmente ninguna está funcionando de forma correcta. “Como sería en Cancún”, acotó Jiménez Cisneros.
Por su parte, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que en diversas partes del país se haya entregado el servicio a particulares.
“Hay lugares donde se entregó el agua, incluso la recolección de basura y se cobran todos estos servicios”, acotó el mandatario.
A esto se suma que ya se está realizando una recolección de firmas en los municipios donde la empresa opera, para buscar retirar la concesión y que, hasta el momento, ya lleva cerca de 15 mil firmas.
En Benito Juárez y Solidaridad se han reportado casos de recibos alterados, inconsistencias en el suministro y encarecimiento del servicio, además de problemas en obras, que han generado afectaciones a calles en diversos puntos de los municipios.
Historial polémico
De acuerdo con el propio portal web de la empresa, fue en 1993 cuando se otorgó la concesión del servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, a través de un instrumento de participación empresarial para impulsar el desarrollo de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El contrato fue firmado el 19 de octubre y se concedió para 30 años y se iniciaron las operaciones el 1 de enero de 1994.
Para noviembre de 2014, a casi 20 años de la firma de convenio de concesión, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para Benito Juárez e Isla Mujeres, además de incorporar la concesión por los mismos servicios en el municipio de Solidaridad, con una vigencia de contrato hasta el 31 de diciembre del 2053. Todo esto, bajo la administración de Roberto Borge Angulo, exgobernador, quien actualmente se encuentra recluido enfrentando diversos cargos.
Desde ese momento se señalaron diversas irregularidades en la concesión del servicio en el municipio de Solidaridad, como por ejemplo la violación del artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, que prohíbe expresamente concesionar a particulares el servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio. A esto se suma la falta de licitación de la concesión, pues fue una adjudicación directa, otro acto de ilegalidad más, con base a la Ley de Agua Potable, que solicita una licitación en concesiones de este tipo.
Luego de su aprobación, la empresa pago mil 50 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que posteriormente se depositó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde, de acuerdo con investigaciones sólo estuvo unas horas para luego desaparecer. Esta situación generó la investigación de numerosos funcionarios de la administración borgista.
Por Carlos Matus