Según el decreto en el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, emitido el 16 de mayo de 2019 por el Diario Oficial de la Federación “Reglas comunes de las Coordinaciones: en cada región, en cada estado y en la capital de la República tendrán lugar a temprana hora reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de la seguridad pública”.
Esta situación se debería de ver reflejada por lo emitido en el periódico oficial del estado del día 7 de junio de 2019 en donde se formaliza el convenio en materia de colaboración policial entre el estado y los municipios o mejor conocido como “Mando Único”, en donde tanto el gobernador Carlos Joaquín González, los diputados de la XVI legislatura, Alberto Capella, en ese entones secretario de Seguridad Pública del estado y los 11 presidentes municipales, ignoraron este punto medular en el desempeño del sistema de seguridad.
Ya que realizando una legislación “a modo” acordaron tener reuniones de seguridad una vez al año, y emitir información de avances de resultados cada tres meses, contraviniendo lo decretado por el presidente de la República un mes antes.
Estos lineamientos de evaluación no se adecuan a lo que el estado requiere, ni a lo que pide la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ya que en el año 2020 se ha realizado sólo una reunión de seguridad en el mes de enero y una mesa de seguridad para el mes de febrero.
Estas mesas de trabajo y escasas reuniones en donde deberían de estar involucradas todas las personas pertenecientes al gabinete de seguridad del estado pararon, debido a la emergencia sanitaria que comenzó a afectar al país.
Las reuniones dejaron de realizarse de manera presencial, para ser de manera online y privadas, por lo que no se tiene un registro de lo que se discutía o los acuerdos que se llegaban en estas reuniones.
Otra situación que se comenzó a dar al mando de Capella Ibarra, es que los directores operativos de las policías municipales simplemente eran relegados, ya que el esquema organizacional que presentaba el mando único en el estado hacia que ellos solo puedan reportar con el coordinador regional de la zona.
Lo inalcanzable que era Capella para sus elementos e incluso para algunos mandos municipales, se reflejaba en que no se podían comunicar con él, al grado de que si sucedía un hecho de alto impacto en alguna parte de la geografía estatal, se lo comunicaban a un asistente y luego Capella Ibarra devolvía la llamada.
Esta situación en vez de brindar más confianza y empatía con los elementos policiales, generó distanciamiento y descontento, pues los únicos que tenían línea directa con el director de seguridad pública eran los de su primer círculo y los directores operativos de los municipios que le interesaban, como Benito Juárez, Puerto Morelos, solidaridad y Tulum.
Según se pudo saber las últimas “mesas de seguridad” fueron cada vez con grupos más pequeños llegando al grado que solo eran el secretario con el gobernador y algunos mandos militares, en los municipios solo recibían las instrucciones y acataban, sin que se tenga la certeza de que estas reuniones en realidad sucedían.
Con la instauración del mando único en el estado se estableció una reunión anual para analizar objetivos y tomar acuerdos, situación que está totalmente en contra de lo establecido en el decreto presidencial, en donde piden reuniones diarias de coordinación e información.
En este mismo decreto dice: “En ese contexto, la policía más importante es la municipal, por su proximidad social y conocimiento del territorio. Nuestra apuesta será por el mejoramiento de los recursos humanos de estas corporaciones. Haremos policía desde abajo. Orientaremos los mayores recursos posibles al fortaleceremos profesional de las policías municipales”.
Situación que no se ve en el estado, ya que las corporaciones policiales municipales han sido relegadas por completo para darle entrada a una sola policía estatal, la cual Alberto Capella nombró “Policía Quintana Roo”.
Los protocolos emitidos en el Diario Oficial del Estado señalan que las reuniones de evolución y coordinación serán a voluntad del Gobernador del Estado, lo cual de nueva cuenta en contra de lo emitido en el decreto nacional de seguridad pública.
Otro punto a evaluar en el mando único es la periodicidad en que se emiten resultados, ya que propone como lapso 3 meses para publicar los avances y hechos relevantes en seguridad, pero no existe un reporte trimestral de estos avances, simplemente los spots que realizaba Alberto Capella, donde promocionaba las detenciones por delitos correspondientes a faltas administrativas y delitos menores.
Actualmente es prioritario realizar una reunión para evaluar lo realizado por Alberto Capella, pero como se explico depende del Gobernador Carlos Joaquín, citar a una nueva reunión en la que se avalúe el desempeño y los resultados del mando único.
Por Julio Javier Mena