Contrario a lo que estipula el convenio de coordinación y colaboración firmado en mayo del 2019 entre los gobiernos del estado y municipal de Benito Juárez para conformar el Mando Único Policial, en las reuniones han excluido a representantes ciudadanos.
El número reuniones de la Mesa de Inteligencia que han realizado y los temas que se tocan se mantienen en privado, sin que se invite a representantes de la sociedad civil, como empresarios u organizaciones civiles.
El convenio señala que: “El Mando Único Policial deberá establecer una Mesa técnica de Inteligencia Policial que sesionará semanalmente y se integrará por el titular del Mando Único Policial, el secretario Municipal de Seguridad Pública, la Fiscalía General, el Consejo Ciudadano de Seguridad, un representante de la Guardia Nacional y el Ayuntamiento”.
No obstante, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Observatorio Legislativo confirmaron que no habían sido invitados a participar.
De acuerdo con información recabada, sólo se han sostenido dos reuniones presenciales en el 2020 encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín González y por la pandemia las pasaron a virtuales y privadas, pero no hay información de que se hayan realizado.
El convenio agrega: “se deberán presentar al menos las estadísticas trimestrales, mensuales y semanales de incidencia delictiva, así como todas las puestas a disposición y realizar un análisis de los resultados alcanzados derivado de las acciones efectuadas en materia de Seguridad Pública y Tránsito”.
Los informes de resultados del Mando Único no se presentaron como tal en el portal de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y la información que hay es anterior a la firma del convenio.
Aunque el Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Tránsito fue firmado por la presidente municipal Mara Lezama y el secretario Alberto Capella por parte del estado, no se tiene registro de que la alcaldesa asistiera semanalmente a las reuniones, como estipula el documento.
Conforme al acuerdo firmado por el Gobierno del Estado con el gobierno del municipio de Benito Juárez en mayo del 2019, este último delegó al primero la dirección y operación de la Policía Municipal.
También se establece que el Mando Único Policial lo ejerce el gobernador del estado Carlos Joaquín González, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, en su momento Alberto Capella.
De esta forma, los elementos de las Policía Preventiva, Policía Turística y Tránsito del municipio y el estado, adscritos a dicha jurisdicción, quedaron integrados en una corporación denominada Policía Quintana Roo.
El acuerdo es “a efecto de adoptar, implementar, ejecutar y aplicar las políticas de seguridad pública, así como los instrumentos, medidas y acciones necesarias para preservar el orden público”.
Así como “Tramitar el porte de armas de los elementos de la Policía, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cumplir con el registro federal y estatal del mismo”.
Señala que “el Mando Único Policial, ejercido por el gobernador, a través del secretario de Seguridad Pública, podrá lleva a cabo operativos de presencia y disuasión en el territorio municipal”.
Y “en los casos de alteración grave del orden público o de emergencia policial, de manera coordinada implementará los operativos necesarios para su atención. Los requerimientos de apoyo de fuerza pública en el municipio podrán ser atendidos por la Policía Quintana Roo”, precisa.
La Ley Nacional de Usos de la Fuerza señala en su Capitulo VII sobre la Actuación de las Policías en manifestaciones y reuniones públicas, en su Artículo 27 que “Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”.
Agrega: “En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos.
La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse por personas con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
En su Artículo 28 señala “Cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las Policías deberán actuar de acuerdo con los distintos niveles de fuerza establecidos en esta Ley”.
Y más delante destaca, “Los agentes tienen derecho a responder a una agresión usando fuerza letal cuando esté en peligro inminente su integridad física con riesgo de muerte. Para calificar el hecho se deberán tomar en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar del operativo, así como la situación del agresor y su capacidad de resistencia”.
Por Lino Sarmiento