Desde el decreto de Alerta de Género por feminicidios en 2017 para tres municipios de Quintana Roo -Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez- la Federación ha destinado, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 28 millones 180 mil 230 pesos para implementar acciones de prevención y atención a las víctimas de este delito; sin embargo, la incidencia de este ilícito va al alza, e incluso para Cozumel, demarcación que cuenta con el decreto, la autoridad no ha tipificado desde hace tres años el delito de feminicidio.
En 2019, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la Unidad de Auditoría Gubernamental, señaló que las acciones anunciadas por las dependencias que van a ejecutar los recursos son ambiguas y se desconoce si van directamente dirigidas a las zonas con violencia.
En la radiografía de la violencia contra las mujeres y las niñas de México, presentada por la Conavim el mes pasado, Quintana Roo forma parte de los 10 estados del país con el mayor índice de muertes violentas de mujeres, al registrar 6.53 por cada 100 mil ciudadanas quintanarroenses.
Además, de acuerdo con este análisis, no está entre las entidades que cuenta con mesas para la revisión de delitos ocurridos contra las mujeres y las niñas en las que analizan las órdenes y medidas de protección, así como la investigación y litigio con perspectiva de género y las acciones para atender a las niñas y niños en orfandad por feminicidio y reparación del daño.
Acciones ambiguas y escasas: ASF
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación, tras verificar la gestión de los recursos otorgados para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) de 2015 a 2019, así como el listado de las declaratorias y su vigencia al cierre de 2019 y los resultados alcanzados en el periodo, detectó que las acciones de los organismos que ejecutaron los recursos públicos son ambiguas y “escasamente” dirigidas a los municipios con declaratoria, por lo que se desconoce si realmente los recursos atacan de manera directa el problema geográficamente.
Como ejemplo de ello, puso el propuesto por la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo denominado “Escuelas por la vida y la paz”, al que le transfirieron 830 mil pesos en 2019.
En enero de este año la Conavim reconoció que en Benito Juárez las supermanzanas y regiones 24, 32, 63, 77, 103, 220, 228, 235, 236 y 308 “son zonas con un alto índice de violencia contra mujeres” de acuerdo con los datos registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contras las Mujeres (Baesvim).
Sólo 9 de 58 crímenes a mujeres son tipificados
En lo que va de noviembre, cinco mujeres han sido atacadas en este municipio, cuatro de ellas han perdido la vida y una fue abusada sexualmente cuando, de acuerdo a lo dicho por las autoridades el día de los hechos, hombres la jalaron hacia un lote baldío mientras caminaba por una calle carente de iluminación pública en la región 226. Los restos de las demás víctimas de violencia fueron hallados en las regiones 259, 252, 75 y 22.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con base en las cifras que le proporcionó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 58 mujeres han sido asesinadas en 2020 y sólo nueve de estas son investigadas como feminicidios.
Estrategias fallidas
Los municipios con Alerta de Género, entre otras cosas, debían desde ese año, diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres.
En el listado está implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos, reforzar los patrullajes preventivos, instalar alumbrado público y fortalecer el existente.
También emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; brindar protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección – como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo permitan-.
Quedan desprotegidas
En octubre pasado la Conavim informó que las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia van a la baja en Quintana Roo, pues en 2018 fueron otorgadas mil 981, en 2019 la cifra quedó en mil 399 y en lo que va de 2020 van mil 234.
“Los mecanismos presentan deficiencias en cuanto a la ausencia de criterios para determinar la pertinencia de la declaratoria de cada entidad, la definición de metas y acciones en cada materia, así aclarar cómo es el proceso de seguimiento al cumplimiento de las acciones para combatir la violencia contra las mujeres de conformidad con el Artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, fue una de las conclusiones de la Secretaría de la Función Pública.
En la entidad el tipo de violencia contra las mujeres que más es ejercida es la psicológica, seguida de la física, después la económica, sexual y patrimonial; quien más la ejecuta es un familiar y luego la comunidad, de acuerdo con el Banavim.
Hasta este día oficialmente son 12 feminicidios reconocidos por la Fiscalía de Q. Roo; los otros dos son: uno en Tulum y otro en Felipe Carrillo Puerto, pero en estos municipios no hay decreto de Alerta de Género.
Por Eva Murillo