La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva investigación contra el exgobernador de Quintana Roo Roberto B.., ahora por su presunta implicación en la llamada Estafa Maestra. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga también a sus excolaboradores.
Mientras el exmandatario quintanarroense aún está en espera de que el Juzgado Quinto Distrito de la Ciudad de México resuelva sobre la solicitud de amparo para que el gobierno mexicano no solicite al gobierno panameño la ampliación de la solicitud de extradición, la FGR ya le abrió otra carpeta de investigación.
Como se recordará, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) estaba por congelar cuentas de implicados con la llamada Estafa Maestra, en donde están relacionados ex funcionarios quintanarroenses de la era borgista y de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
Dicha investigación también implica a los exmandatarios del Estado de México, Hidalgo, y Zacatecas, todos señalados por Emilio Zebadúa González, quien se desempeñó como Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la administración de Rosario R., en el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien actualmente colabora con la FGR en el caso de la llamada “estafa maestra”.
Según la versión de Emilio Zebadúa, tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como Rosario R. orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, entidades en las que se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social.
Es importante recordar que en octubre del 2018 la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó siete denuncias penales; tres de esas denuncias, fueron contra ex funcionarios y responsables de dependencias en Quintana Roo. Entre los funcionarios quintanarroenses involucrados en la Estafa Maestra esta Jorge Eugenio A.M y a Gerardo Antonio V. H., exdirector general y exdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS). La denuncia de la ASF fue por 450.06 millones de pesos derivada de la auditoría 1791-DS-GF aplicada a la cuenta pública 2016; la segunda 356.56 millones de pesos tras la auditoría D17011 practicada a la cuenta pública 2015.
Del mismo modo se investiga el presunto desvió por más de 97 millones de pesos vinculados al caso la Estafa Maestra en la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo) en ese entonces a cargo de José Luis Pech Galera, la cual fue promovida por la ASF, como resultado de la auditoría 1793-DS efectuada a la cuenta pública 2016.
Es importante recordar que la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo) recibió entre 2015 y 2016 recursos federales mediante un modelo fraudulento entre dependencias, instituciones y universidades.
Los recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo en ese entonces de María del Rosario R. se entregaban por medio de convenios suscritos y que terminaron en más de 30 empresas, que a su vez emitieron cheques u ordenaron transferencias a una docena de personas físicas y morales.
De acuerdo a datos recabados, las auditorías forenses de la ASF señalan que en 2016 Sedatu contrató a la Upqroo para realizar un servicio que no podía ofrecer. No obstante para ellos la Upqroo contrató a ocho proveedores para realizar el trabajo (AM Sistemas Informáticos; Comercializadora DW Prisma; Competencia y Habilidades para el Trabajo; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Infotecnick; Custom Performance; Integración Documental; y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática).
Dentro de las indagatorias los auditores encontraron varias irregularidades entre esas empresas pues una de ellas estaba asociada a una funcionaria de la Upqroo, otras no habían sido localizadas en sus domicilios fiscales y cuatro no pagaron impuestos ante la Secretaria de Hacienda y Cerdito Publico.
Del mismo modo se descubrió que el entonces rector de la Upqroo, José Luis Pech Galera, hijo del actual Senador del Morena, José Luis Pech Varguez, abrió la cuenta de la empresa que recibió y administró todo el dinero.
Las empresas Custom Performance e Integración Documental abrieron sus cuentas bancarias en el domicilio fiscal de AM Sistemas Informáticos. A su vez, cada empresa subcontrató a otras firmas para realizar los trabajos: en un caso, una empresa subcontratada tenía como representante legal al ex rector de la Upqroo, a quien se le señalo de usar 6.8 millones para adquirir cuatro camionetas de la marca Mazda.
En un reporte de la ASF durante el año 2017, se detalló son varias las universidades públicas tienen un sin fin de observaciones por mal manejo de recursos públicos, no obstante en Quintana Roo la Upqroo fue la única que no pudo comprobar el uso debido de los recurso federales.
Otro de los involucrados de manera directa, luego del ex gobernador Roberto B., es Jorge Eugenio A.M, ex director general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
Como se recordará, las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra de los exfuncionarios involucrados en la llamada Estafa Maestra siguen vigente, pero sin mucha información pública, supuestamente para no entorpecer las pesquisas.
En su momento, fue confirmada la versión por la directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Martha Silva Martínez, que compareció ante los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado. Dijo que no le han otorgado dado alguno sobre los implicados en la llamada Estafa Maestra, pero que continúan las investigaciones en contra de ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social quienes al parecer desaparecieron 800 millones de pesos.
Los involucrados e investigados son el ex director del Sistema, Jorge Eugenio AM; Gerardo V.H, ex administrador; y también José Luis P.G. Los primeros dos ex funcionarios borgistas, quienes han sido declarados oficialmente prófugos de la justicia podrían ser detenidos en breve y juzgados por el desvío de más de 800 millones de pesos.
Actualmente el ex gobernador Roberto B. espera que el Juzgado Quinto Distrito de Amparo de materia federal de la Ciudad de México resuelva sobre la solicitud de amparo pedida por la defensa del exgobernador de Quintana Roo Roberto B., para que el gobierno mexicano no solicite al gobierno panameño la ampliación de la solicitud de extradición, así lo dio a conocer su abogado, Karin de la Rosa Peláez.
De la Rosa Peláez informo “Se trata de un amparo indirecto con número de expediente 198/2020, el acto reclamado es la solicitud de México al gobierno de Panamá para la modificación de los términos de extradición, pero esta solicitud todavía no se encuentra resuelta por la autoridad panameña”.
El abogado culmino “Lo más importante es que la solicitud la realiza el Estado Mexicano pretendiendo sorprender al Estado de Panamá, ya que miente en su solicitud, ya que no existe orden de aprehensión otorgada por juez de control alguno por delincuencia organizada”.
Por otro lado, el pasado 15 de septiembre de este año se suspendió una audiencia intermedia en contra del exgobernador de Quintana Roo, la defensa solicitó el diferimiento de la audiencia y estuvieron de acuerdo las partes involucradas, que son la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), por lo que la fecha quedó abierta hasta que se resuelva el referido amparo.
Se trata del amparo indirecto 1139/2019 radicado en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, cuyo acto reclamado es el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa 159/2017, en la que se le acusa del delito de peculado.
El juicio de amparo se interpuso el 26 de diciembre de 2019 y se admitió el 27 de diciembre del mismo año, posteriormente se fijó el 29 de enero de 2020 para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por acuerdo de fecha 6 de julio de 2020 se ordenó enviar el expediente al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, donde está en proceso el dictado de la sentencia correspondiente a ese juicio de amparo.
La defensa argumenta en el amparo que no existe la distracción como tal de 18 inmuebles de dominio privado propiedad del Estado, que es por lo que se le acusa a Roberto B., además plantea que no existe conducta por la que se pueda reprochar el delito de peculado, que es el objeto del caso.
Roberto B., exgobernador de Quintana Roo, fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá. La orden de su extradición se emitió el 24 de julio de 2017 y la fecha del auto de vinculación fue el 12 de diciembre de 2019.
El exmandatario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, enfrenta tres acusaciones estatales por el delito de peculado (159/2017), desempeño irregular de la función pública (154/2017) y aprovechamiento ilícito (151/2017), así como una de índole federal (381/2017) por operaciones con recursos de procedencia ilícita
No obstante la defensa del Roberto B. ahora tendrá una nueva tarea, pues Emilio Zebadúa González, pieza clave en la Estafa Maestra ofreció convertirse en testigo protegido para revelar que Enrique Peña y Rosario R. orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI junto con ex mandatarios estatales donde figuran el del Estado de México, el actual senador Eruviel Ávila Villegas (16 de septiembre de 2011-15 de septiembre de 2017); de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz (1 de abril de 2011-4 de septiembre de 2016).
Así como los ex gobernadores de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes (12 de septiembre de 2010-11 de septiembre de 2016); y, Roberto Borge Ángulo, de Quintana Roo (5 de abril de 2011-24 de septiembre de 2016).
Por La Redacción