Integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado presentaron una iniciativa que busca sancionar a quienes filtre o difundan imágenes, audios o videos relacionados con procesos legales, mejor conocida como la “Ley Ingrid”.
La iniciativa propone adicionar el artículo 204 Ter al Código Penal del Estado, con el objetivo de proteger los derechos humanos y la dignidad de las víctimas y sus familias.
Se presentó este día ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado, siendo promovida por el diputado Edgar Gasca Arceo y las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Érika Castillo Acosta, Linda Cobos Castro, Cristina Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora Vallejo, Tyara Shleske de Ariño, Ana Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva.
La propuesta contempla sanciones para quienes difundan, entreguen, publiquen, transmitan u oferten imágenes, audios, videos o documentos de los hechos, tales como el hallazgo, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal.
Edgar Gasca explicó que se busca sancionar a quienes indebidamente difundan imágenes, audios, videos o documentos de evidencia relacionada con los casos de violencia que vulneren los derechos y dignidad de las víctimas, así como de la situación emocional de sus deudos.
De acuerdo con el documento, se propone prisión de 2 a 8 años para cualquier persona que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferta, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito.
En la iniciativa se proponen de 2.5 años a 10.5 años de prisión cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud de las víctimas.
Otra de las sanciones propuestas es la prisión de 3 a 12 años cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes. Si el delito es cometido por servidores públicos, las penas aumentan hasta una mitad más.