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Quintana Roo

Cobro de Carlos Joaquín a turistas en Quintana Roo no está justificado, señala analista

El analista Luis Alain Matos Argüelles señaló que en el Paquete Fiscal 2021 no están justificadas las propuestas del nuevo cobro a turistas y el impuesto para el Fomento al Empleo.
Señaló que aplicar un nuevo cobro a turistas extranjeros le restaría competitividad a la entidad.
Señaló que aplicar un nuevo cobro a turistas extranjeros le restaría competitividad a la entidad. / Manuel Collí

Las propuestas del nuevo cobro a turistas extranjeros y del nuevo impuesto para el Fomento al Empleo no están debidamente justificadas dentro del Paquete Fiscal 2021, pues no se detalla el modelo de recaudación y tampoco se identifica con claridad o exactitud el destino que se le dará a esos recursos, señaló el analista fiscal y consultor gubernamental, expresidente del Colegio de Contadores Públicos, Luis Alain Matos Argüelles.

Aunque la propuesta pudiera parecer buena con el fin de aumentar la recaudación ante los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del COVID-19, aplicar un nuevo cobro a los visitantes extranjeros podría restar competitividad turística al Estado frente a otros destinos de talla mundial que están compitiendo con las marcas de Cancún, la Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Bacalar y Mahahual, indicó Matos Argüelles.

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Además, el expresidente del Colegio de Contadores dijo que se tiene que revisar la redacción para el caso del impuesto del Fomento al Empleo, ya que se propone aplicarlo a un impuesto ya existente, que es el de Nóminas; es decir, se pretende gravar un impuesto sobre otro, lo cual podría caer en una acción de inconstitucionalidad.

“De aprobarse la iniciativa así como está, sin hacerle ningún tipo de cambio, podría ser inconstitucional, porque se quiere establecer un impuesto sobre otro impuesto, lo que daría pie a que los empresarios o empresas se puedan amparar en contra de este nuevo cobro. Por eso es que se tiene que revisar muy bien la redacción”, comentó Matos Argüelles.

Estos dos cobros vienen incluidos en el Paquete Fiscal 2021 del Gobierno de Quintana Roo, el cual ya está en manos de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, que tiene que analizarlos y dictaminarlos para someterlos a la aprobación de la XVI Legislatura.

Con respecto al nuevo impuesto denominado “Para el Fomento al Empleo”, el gobierno estatal pretende recaudar más de 200 millones de pesos, y consistirá en gravar en un 0.35% lo que se paga del Impuesto Sobre Nómina. Se trata de la propuesta de Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo.

Aunque la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha justificado que este nuevo impuesto es para combatir el esquema del outsourcing, en la iniciativa no incluye nada de eso, puesto que el gravamen está dirigido a todo contribuyente que paga el Impuesto Sobre Nómina (ISN), pero estableciendo un subsidio del 100% cuando el ISN sea pagado sin la intervención de un tercer prestador de servicios de personal.

“En la presentación del Paquete Fiscal 2021 que hizo la Sefiplan con la XVI Legislatura, hubo diputados que hicieron esta observación, ya que si realmente está pensando para el esquema outsourcing, entonces se debe señalar claramente en la iniciativa, que es lo que hace falta. Los legisladores también observaron que lejos de combatir el outsourcing, tal parece que lo único que se busca es darles permiso y legalizarlo mediante el cobro de un impuesto”, consideró el analista fiscal.

Dijo que también es necesario ampliar la iniciativa de Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo, ya que su justificación es muy vaga en cuanto a la forma de cómo se van a emplear esos recursos, pues únicamente se establece en uno de sus artículos que “los ingresos que se obtengan de la recaudación de este impuesto se destinarán al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo”, así como para empleos directos entendidos como los que son generados mediante contrato de un trabajador celebrado con la empresa en la que va a laborar, sin que intervenga un tercero prestador de servicios.

“Es necesario que en la ley se amplíe la exposición de motivos, se tiene que identificar con exactitud los rubros o áreas a las que serán destinados los recursos obtenidos a través de este nuevo impuesto. También se debe establecer un modelo de recaudación, manejo y vigilancia de los recursos. Todavía falta que los diputados revisen la propuesta y decidan si es viable o no, porque también pueden echarla para atrás dependiendo el análisis y conclusiones a las que lleguen”, consideró Matos Argüelles.

Respecto al nuevo Aprovechamiento dirigido a los turistas extranjeros, se trata de una propuesta que viene en la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de Quintana Roo.

La iniciativa propone agregar el artículo 74-Bis a la Ley de Hacienda estatal, quedando de la siguiente manera: “las personas turistas que ingresen a Quintana Roo pagarán el aprovechamiento a que se refiere el presente artículo por el Uso y Aprovechamiento de bienes de dominio público y beneficios derivados del ejercicio de las funciones de derecho público del Estado. El aprovechamiento se fijará a razón de una cuota de 2.5 veces el valor diario de la UMA, y se causará al momento en que la persona turista ingrese al territorio del Estado de Quintana Roo”.

“En esta iniciativa también observamos que su exposición de motivos se queda corta, es insuficiente y no se define con claridad el uso y destino que se le darán a los recursos. Ya que de manera muy general se indica que los recursos presupuestales que se obtengan de este aprovechamiento, permitirán al estado de Quintana Roo la generación de empleos y a promover la generación de núcleos económicos por medio de los cuales se produzcan empleos, cuyo principal propulsor será el turismo que visite la entidad”, explicó el analista fiscal y consultor gubernamental.

En otro apartado se indica la necesidad de establecer una contribución por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público en el ejercicio de las funciones de derecho público, ya que el estado en atención a dichas funciones eroga recursos para tener en las mejores condiciones posibles la infraestructura de carreteras, infraestructura hospitalaria, los espacios culturales, etc., así como también proporciona seguridad pública.

“Si bien la propuesta puede resultar en una mayor recaudación y dar un respiro a las finanzas estatales, insistimos en que es necesario definir con claridad y exactitud a dónde irán los recursos obtenidos, ya que esto dará certidumbre y tranquilidad a los empresarios y sociedad en general. La propuesta también debe venir respaldada por el debido estudio de impacto económico y turístico, porque tampoco se ha hecho para poder conocer sus beneficios y posibles afectaciones; además que se debe tener el acercamiento con el sector empresarial y turístico del estado, para conocer su postura y si están de acuerdo con estos nuevos cobros”, concluyó Matos Argüelles.

Por Gabriel E. Manzanilla

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