Por Ovidio López
ISLA MUJERES, 20 de febrero.- Un juez concedió un amparo a favor de la denuncia por daño ambiental en el lote 14, fraccionamiento Santa Fátima, en Isla Blanca, donde en el verano anterior se destruyeron variedades de plantas protegidas sobre una superficie de 10 mil metros cuadrados, además de la sustracción de material pétreo sin licencia, según copia de documento oficial.
Consultado al respecto, Carlos Castells, presidente de la Asociación de Colonos de Isla Blanca, confirmó esta información, la cual permite darle seguimiento a este hecho que se denunció en este periódico el pasado 15 de agosto, dando cuenta que es la cuarta destrucción y sustracción de cientos de metros cúbicos de arena y sascab, desde el 2008, en esa parte del municipio de Isla Mujeres.
La citada sociedad recurrió al amparo al ver que ninguno de los tres niveles de gobierno, en materia ambiental, demostraban una contundencia para actuar en consecuencia.
La autoridad municipal colocó sellos “chafas” poco después de la denuncia en este diario, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que no contenían todos los datos institucionales, por lo tanto, los estuvieron violando los trabajadores, pues nunca pararon la obra, señalaron los vecinos al ser consultados en su momento.
Gerardo Vázquez Morales, juez segundo del Distrito de Quintana Roo, resolvió el recurso solicitado, ante Ana Karina Bohórquez Méndez, secretaria que autoriza y da fe, dicha resolución, el pasado 14 de febrero de 2020. “Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Augusto Castells Galletti, por su propio derecho y en representación de la persona moral Asociación de Colonos de Isla Blanca, Asociación Civil, con los actos y autoridades precisadas (funcionarios de primeros niveles de la comuna, autoridades estatal y federal)”.
La Justicia de la Unión, indica, ampara y protege al citado dirigente, por propio derecho y en representación de esa sociedad, “contra los actos y autoridades señalados en el considerado quinto y para los efectos indicados en el último considerado de este fallo”.
Dimos a conocer en esa oportunidad que aconteció la destrucción en medio del silencio de los tres niveles de gobierno en materia ambiental, lo que preocupó a los vecinos por el nivel del daño al medio ambiente en el lote 14, fraccionamiento Santa Fátima. Actuaron en consecuencia con la solicitud de amparo “hasta llegar a las últimas consecuencias”.
Profepa cómplice
Los hechos se aprecian sobre una superficie mucho mayor que alguno de los anteriores eventos, de 10 mil metros cuadrados, de 50 metros frente a la terracería que conduce a La Angostura y por 200 metros hacia el mar; distante a 11 kilómetros de Punta Sam.
Aquí se removió la vegetación y matorral costeros, incluyendo especies enlistadas en la NOM-059-Sermanat-2010, “se destruyeron especies que están protegidas por leyes ambientales como la palma chit, categoría amenazada, la palma Nacax, también amenazada, siendo especie endémica exclusiva de Quintana Roo; destrucción del matorral costero y vegetación de clase federal y estatal, entre otras”.
Solicitaron información a las autoridades municipales, hicieron caso omiso, según documento. Tampoco la Profepa de Cancún, con Carolina García Cañón, con fecha del escrito julio 10, actuó, a pesar de que se le brindaron datos, fotografías e imágenes, en evidente complicidad de funcionarios de los tres niveles para que la citada empresa consumara el daño.
Ya hay antecedente sobre esta presunta negligencia, la excavación del 2013 sobre una superficie de 2 mil 201.4 m2, del lote 18, el caso fue denunciado al Ministerio Público Federal en contra de quienes resulten responsables de la extracción de arena y rocas en un espacio de 936.95 m2, en el fraccionamiento Francisco Javier, ubicado a poca distancia en el punto referido, a un kilómetro de la caseta de policía en abandono.
Fue a parar unos 60 camiones de materiales a Tres Ríos, en la Riviera Maya, eso fue la tercera vez que ocurrió entonces; el 3 de enero de 2008 habían denunciado otro robo de materiales pétreo ante la Profepa, acción que quedó archivada bajo el expediente PFPA/QROO/DQ/79/0013-08. Hubo unos 60 traslados igual, unos 500 metros cúbicos de materiales que se ignoró su destino.