Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 7 de mayo.- El gobernador Carlos Joaquín González sigue endeudando a Quintana Roo y a los quintanarroenses, ya que a finales del año pasado se dio a conocer que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dispuso la contratación de una línea de crédito a corto plazo por un monto de un mil 872 millones de pesos, lo cual hizo a espaldas de la ciudadanía y sin siquiera pedir la aprobación de la XVI Legislatura del Estado.
Al respecto, el diputado local Roberto Erales Jiménez, del grupo legislativo del Partido del Trabajo (PT), dijo que se mantendrán vigilantes de las acciones del titular del Poder Ejecutivo, luego de que se ventilara la posibilidad de aprovechar la emergencia sanitaria del COVID-19 para solicitar un nuevo crédito y/o refinanciamiento de la deuda pública estatal.
Con el argumento de que un crédito a corto plazo no necesariamente tiene que ser autorizado por el Congreso local, el gobernador Carlos Joaquín dispuso en 2019 de una serie de empréstitos por un monto de un mil 872 millones de pesos.
Dicha cantidad equivale a más deuda pública para Quintana Roo, fue destinada a la Sefiplan para cubrir necesidades de corto plazo y, aunque no se especifican, estas necesidades se entienden como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
De esta manera, la dependencia estatal pasó de tener un presupuesto aprobado de 674 millones 764 mil 803 pesos en 2019, para quedar en 2 mil 546 millones 764 mil 803 pesos.
La contratación de estos créditos se hizo a espaldas de la ciudadanía y hasta la fecha el gobernador Carlos Joaquín no los ha informado, lo único que hizo fue enviar un par de iniciativas al Congreso del Estado de Quintana Roo, en las que notificaba del crédito adquirido y pedía a la XVI Legislatura modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de manera que los montos se ajustaran para anexar los empréstitos adquiridos.
Ambas iniciativas fueron enviadas y recibidas por el Congreso local en diciembre pasado, la primera propone reformar el Decreto número 296 publicado en el Periódico Oficial del Estado, en fecha del 31 de diciembre de 2018, que contiene la Ley de Ingresos de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2019; mientras que la segunda propone reformar el decreto número 297 publicado en la misma fecha, que contiene el Presupuesto de Egresos de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2019.
La Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que estaba presidida por la diputada Cristina Torres Gómez, fue la que se encargó de recibir las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo; sin embargo, en lugar de atenderlas y someterlas a la aprobación del pleno de la XVI Legislatura, decidió darles “carpetazo” y hasta la fecha se mantienen archivadas.
La Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2019 no incluye ingresos derivados de financiamientos y la cantidad total de ingresos es por 34 mil 579 millones 389 mil 104 pesos.
Con las iniciativas presentadas por el gobernador Carlos Joaquín quedaría con un mil 872 millones de pesos, por concepto de empréstitos contratados a corto plazo, modificando el total de ingresos de 2019, para dejarlo en 36 mil 451 millones 389 mil 104 pesos.
Respecto del Decreto 297, se solicita reformar los artículos 9, 10 y 13 del Presupuesto de Egresos del Gobierno de Quintana Roo para el presente año, ya que el presupuesto debe ir ajustado con la línea de crédito que se contrató a través de la Sefiplan.
Con las modificaciones propuestas se establecerá un Presupuesto de Egresos 2019 por la cantidad de 36 mil 451 millones 389 mil 104 pesos, cuando lo aprobado había sido por 34 mil 579 millones 389 mil 104 pesos, pero ahora se le tiene que sumar el crédito contratado.
Al respecto, el diputado Roberto Erales Jiménez calificó de “escandaloso” que se siga endeudando al estado, por lo que a nombre del Partido del Trabajo (PT) dijo que solicitarán la comparecencia de la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, para evitar que se comprometan participaciones federales y para pedir que se aplique la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
“Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que durante 2019 el gobierno del estado adquirió seis créditos ante la banca comercial, que suman un mil 872 millones de pesos, esto en medio de la opacidad, por lo que el PT presentará un punto de acuerdo para que comparezca la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con el objetivo de que informe sobre este grave endeudamiento”, dijo el también presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria del Congreso del Estado.
Mencionó que el adeudo de casi dos mil millones de pesos fue contratado sin los mínimos criterios de transparencia mucho antes de conocerse la pandemia del coronavirus COID-19, y se suma al pago anual por cuatro mil 248 millones de pesos de la deuda de largo plazo, que asciende a casi 19 mil millones de pesos.
Tampoco se especifica de dónde saldrá el dinero para pagar en este año, 900 millones de pesos que se comprometieron en 2019 para saldar parte de esta deuda y cuáles programas se dejarán de hacer o resultarán afectados por gastarse el dinero por adelantado, sostuvo.
“Ante el riesgo de que se comprometan participaciones federales y programas estatales de éste y los próximos años, el PT pugnará en el Congreso para que se haga una auditoría en el marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, aseguró Erales Jiménez.
El legislador criticó que la actual administración tuvo como bandera política no endeudar más al estado, pero en la Ley de Ingresos de 2020 está contemplado un pago por “Adeudo de ejercicios fiscales anteriores” por 900 millones de pesos, sin contar otros 292 millones contratados con la banca HSBC el 26 de abril de 2019 y un crédito más por 680 millones de pesos con Multiva, contratado el 19 de diciembre de 2019, aunque éste último tiene fecha de inscripción en el registro público de la SHCP el ocho de enero de 2020.
Los otros cuatro créditos mencionados se adquirieron todos con Banorte: uno el 28 de agosto de 2019 por 200 millones de pesos, otro el día 3 de septiembre por 100 millones de pesos, uno más se contrató el 18 de octubre por 150 millones y otro el ocho de noviembre por 450 millones de pesos, todos de ese mismo año.
“El endeudamiento en 2019 suma un mil 872 millones de pesos, mismo que habría que explicar si está dentro del rango legalmente permitido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que los adeudos fueron ejecutados sin los criterios de transparencia”, expresó Erales Jiménez.
Ante el peligro de que la actual administración pretenda incluir en la bolsa de gastos por la emergencia sanitaria este endeudamiento, el diputado petista remarcó que es necesario que se informe puntualmente el destino de estos recursos multimillonarios de casi dos mil millones de pesos, comprometidos entre abril y diciembre de 2019, según registro oficial de la federación.
El también representante del distrito XV señaló que la transparencia debe prevalecer, porque existe el riesgo de que se encubran estos créditos, mismos que fueron adquiridos de manera sigilosa, además de que pueden comprometer aún más los ejercicios fiscales una vez concluida la actual administración.
“De acuerdo con información del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP, el gobierno estatal adquirió esta deuda para destinarlo de manera genérica a ‘cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal’, sin mencionar los motivos. Por eso es necesario que comparezca la titular de la Sefiplan para explicar el uso de este crédito y los motivos de la llamada ‘insuficiencia de liquidez’, así como cuáles rubros se recortarán este año 2020 para pagar lo gastado en 2019, así como la falta de disciplina financiera, entre otras cosas”, refirió Erales Jiménez.
Finalmente, dijo que al paso que va la actual administración dejará endeudado al estado con estos préstamos sin control, que se sumarán a la deuda de largo plazo que asciende a 18 mil 901 millones 019 mil 458.52 pesos, una de las deudas públicas estatales más altas del país, misma que se terminará de pagar entre los años 2036 y 2041.
En dicha comparecencia, el PT ratificará el llamado al Poder Ejecutivo a que no adquiera más deuda y que no comprometa los ejercicios fiscales posteriores a su gobierno, es decir, que no incremente la de por sí pesada deuda que padecen todas y todos los quintanarroenses.
“Cabe recordar que este año se pagarán por deuda pública 900 millones de pesos, además del abono anual de cuatro mil 248 millones 267 mil 014.00 pesos de la deuda heredada por las dos administraciones estatales anteriores, por lo que ‘el que la hace la paga’ es solamente una frase sin sentido”, concluyó.