Quintana Roo

Defenderán a las ANP

Redacción

La dirección regional de la Conanp, tiene, para lo que resta del año, un millón de pesos para la vigilancia de una superficie total de 8,562,758.50 has de áreas naturales protegidas que hay en la zona Península de Yucatán y Caribe Mexicano, en lo que resta del año, según fue dado a conocer en la cuenta en Twitter @SalvemosCONANP, la cual es manejada por directores de áreas protegidas en el país.

Esta región cuenta con 25 áreas naturales protegidas, las cuales saldrán afectadas con el recorte presupuestal que la federación anunció para esta instancia, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y año con año el presupuesto asignado ha disminuido.

En los últimos cinco años el presupuesto federal para el rubro ambiental y para la Conanppasó de $67,977,000,000 a $29,869,450,000 en los últimos, el recorte recién anunciado motivó que organizaciones sociales de Quintana Roo anunciaran que agotarán todas las instancias legales e incluso podrían interponer un amparo a fin de revertir esa medida que paralizará las actividades de conservación de los espacios fundamentales para garantizar un medio ambiente sano.

Gisela Maldonado Saldaña, del Grupo Tortuguero del Caribe; Rosa  Rodríguez Martínez, de la organización Voces Unidas de Puerto Morelos; Melina Soto, coordinadora de la Iniciativa Arrecifes Saludables y Marisol Rueda Flores, de esa misma organización, así como Gonzalo Merediz Alonso, director de Amigos de Sian Ka’an, advirtieron el riesgo que implica reducir el prepuesto para el cuidado de los sitios naturales más valiosos de México.

En su intervención Gisela Maldonado precisó que en los últimos cinco lustros las autoridades federales redujeron hasta un 27 por ciento  el  presupuesto de la Conanp y con el nuevo recorte existe la amenaza de tener aún menos recursos que los confinará prácticamente a tareas administrativas al no poder ejercer recursos para servicios generales, materiales y suministros.

“Con ello, no se tendrán recursos ni siquiera para gastos de operación relacionados con la renta de oficinas, papelería, gasolina, mantenimiento o viáticos, además de que se reducirá el personal”.

Por su parte, Rodríguez Martínez mencionó que las tareas de la Conanp son fundamentales para la conservación de zonas prioritarias del país, que ofrecen servicio medioambiental y en los últimos 20 años en conjunto con las comunidades ha permitido llevar a cabo este trabajo, pero al limitar los recursos aumentará la presión de los intereses que hay por transformar los hábitats originales.

Indicó que se limitarán a tal grado sus funciones que no se sabe qué pasará con las tareas de vigilancia, monitoreo y todas las acciones encaminadas a preservar estos sitios naturales, es más, todavía existe incertidumbre en relación a cómo trabajarán los guardaparques o si serán despedidos.

Asimismo, Melina Soto refirió que ante este panorama se debe dar marcha atrás a la medida; existe preocupación por la tendencia del gobierno de reducir los presupuestos sin que haya un análisis de por medio, más aún, cuando se trata de dependencias involucrados en garantizar un ambiente sano.

De esta forma, dijo, se afecta la capacidad operativa de dependencias encargadas de preservar la riqueza natural de México y de manejar los recursos naturales en 26 millones de hectáreas, equivalentes a un 13% del territorio nacional, los cuales también son motores  para el desarrollo de innumerables, comunidades rurales y costeras.

En ese sentido, Merediz Alonso comentó que la reducción del presupuesto se da en un entorno en el que de acuerdo a datos oficiales el costo de la degradación del aire, suelos, agua, y de la contaminación van en aumento y ejemplificó que sólo en el 2014 ascendió a 851,000,000, es decir casi el mismo monto del presupuesto aprobado para Conanp en 2020.

Señaló que en el caso de Quintana Roo, las ANP han permitido preservar recursos naturales claves para el turismo, principal industria del estado. Es su principal activo, de ahí la importancia de su protección, de hecho esa actividad representa el 88% de los 12,000 millones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Ante ello, los activistas y representantes de 26 organizaciones ambientales, consideraron que es necesario mantener el presupuesto, de ahí que agotarán todas las instancias legales para ello, por lo que no descartaron incluso interponer un amparo o acudir a tribunales internacionales a fin de que el gobierno federal dé marcha atrás a esta media.

En cuanta a la denostación que ha hecho la administración federal en contra de los ambientalistas, indicaron que no gastaran energía en salir a desmentir a nadie, pues se respeta la libre expresión, de modo que se  enfocarán en el trabajo para defender las ANP.

También consideraron que no caerán en el juego de las declaraciones, sino que actuarán bajo el marco legal que brindan las instituciones, agotando todas las instancias que brinda el estado.

 

Datos complementarios

  • La superficie protegida ha aumentado 400% desde 2012.
  • El presupuesto directo se ha reducido 45%
  • Se han eliminado 376 plazas, equivalente al 25% de la plantilla total.
  • A cada guarda-parque, le corresponde vigilar 889 km cuadrados (equivalente al tamaño de la ciudad de Monterrey), con un presupuesto de 9 pesos al año por hectárea.

 

El nuevo recorte al presupuesto operativo a la CONANP tendrá las siguientes consecuencias:

 

  • Pérdida de presencia y vigilancia en 90.9 millones de hectáreas  protegidas.
  • Pérdida de protección a los servicios de la naturaleza, esenciales para la seguridad nacional por sus aportaciones a los mexicanos.
  • Se afectarán la recaudación de los más de $ 100 millones de pesos por el cobro de derechos por acceso a las ANP
  • Afectación al aporte de 3,500 millones de pesos que las áreas protegidas proveen al sector agrícola cada año.
  • Afectación al aporte de aproximadamente 1,000 millones de pesos al año que las ANP proveen al sector forestal.
  • Afectación a la recarga de acuíferos vitales para la provisión de agua de las personas.
  • Pérdida de empleos en actividades productivas que reducen la pobreza y migración.