Por Salvador Canto
La demolición del parque del Casco Antiguo en Puerto Morelos que comenzó desde la madrugada del pasado viernes y que por la mañana generó una represión hacia un grupo de ciudadanos por parte del gobierno municipal que encabeza Laura Fernández Piña tendrá consecuencias legales e incluso internacionales, ya que entre los agredidos hubo extranjeros, quienes si bien el mismo día recobraron su libertad, hubo un claro abuso de autoridad, explicó el abogado Moisés Araujo que defiende a los activistas.
En un recorrido hecho ayer por dicho municipio, se pudo observar que los trabajos de destrucción del parque continuaban bajo vigilancia permanente de elementos de Seguridad Pública, además, todo el perímetro comenzó a ser tapado con plástico negro por un grupo de trabajadores.
Ha trascendido que a pesar de la oposición de mucha gente, la presidente municipal, Laura Fernández Piña, se aferró a dicho proyecto de destruir el kiosco y todo el parque del Casco Antiguo que estaba en perfecto estado, para gastar 19 millones de pesos en plena pandemia por COVID-19 y frente a temporada de huracanes e incluso arribazón de sargazo.
“Es un gusto apoyar a estos grandes guerreros, ahora vienen las denuncias formales en contra de estos malos funcionarios”, sentenció el abogado Moisés Araujo, tras anunciar que se logró la libertad de las y los defensoras del parque del Casco Antiguo, después de ser brutalmente violentados en sus derechos humanos y físicamente.
Por su parte, el ciudadano Stefano Rayo replanteó que los agraviados tienen que demandar, incluido los extranjeros quienes tienen que pedir la intervención de sus embajadas para hacer un llamado a las autoridades de Quintana Roo a respetar la libertad de expresión y sugirió: “se debe de hacer un asunto internacional por haber golpeado extranjeras”.
En cuanto a la forma en que se logró la libertad de los detenidos que responden a los nombres de Daniela Zambrano Castello, Elena Monserrat Lastra Pérez, Carlos Hernández Saldaña, María Valentina François Guichoux y Diego Martín Arlia; quien llevó la defensa comentó que se exigió a las autoridades que se ajustaran a lo que establece el Artículo 21 de la Constitución, Fracción 3 en adelante que entre otras cosas señala el tema de las infracciones.
“Vamos a armar una defensa con fundamento legal y para ello, nos vamos a reunir este domingo y desde luego, que la principal responsable es Laura Fernández Piña, el mismo secretario del ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina Cuevas, el director jurídico y el secretario de Seguridad Pública, así como a todos los que participaron en el operativo; el tema de la denuncia lo tomaremos con la licenciada Fabiola Cortes de la agrupación Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo”, comentó a Por Esto! de Quintana Roo el abogado Moisés Araujo.
Cabe decir que el licenciado Alan Pat, de la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puerto Morelos, confirmó que ellos iniciaron una queja de oficio, primero por el cierre de la vialidad donde no permitió el acceso a los ciudadanos y más tarde se amplió por la detención ilegal de la gente que se estaba manifestando, quienes el próximo lunes deberán de presentarse a ratificarla.
Puerto Morelos Sustentable alza la mano
En medio de todo esto, la agrupación civil, Puerto Morelos Sustentable, emitió un pronunciamiento respecto a los hechos, que entre otras cosas afirma que las autoridades del municipio de Puerto Morelos, deben de respetar los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas y consultar a la población en torno a cualquier desarrollo que pretenda alterar la vida armoniosa de la comunidad.
En un comunicado, sostienen que “desde este colectivo en conjunto con ciudadanos, vecinos, visitantes, comunidad científica y amantes de Puerto Morelos, hacemos un llamado a las autoridades estatales de Quintana Roo para que regulan la actuación de las autoridades del municipio de Puerto Morelos, a fin de que respeten y garanticen la protesta social como un ejercicio legítimo de derechos y descontento social”.
Agregan que “a raíz de la protesta que tuvo lugar en la madrugada del 5 de junio (día mundial de medio ambiente) observamos con tristeza y preocupación que la respuesta de las autoridades, lejos de atender y entender el legítimo descontento social, ejerció acoso y violencia a las personas que se manifestaban pacíficamente, haciendo uso de la fuerza, portando y ostentando armas letales y no letales para intimidar”.
En ese sentido –agregan-, reiteramos que la conformación del cuerpo policial que encabezó la presidenta municipal Laura Fernández Piña, lejos de proteger a la ciudadanía de los delitos que se cometen en el municipio, son los principales transgresores de los derechos de los portomorelenses, ya que por ejemplo “hay casos de invasión de predios privados por parte del cuerpo policial, sin órdenes judiciales y detenciones arbitrarias con uso de violencia para extorsionar a los transeúntes en los caminos del municipio, por lo que exhortamos a la presidente municipal y a su edil municipal, que haga una limpieza en ese cuerpo judicial local”.
Destacan que “nos preocupa que se mantengan dichos patrones de abuso de fuerza, represión y violaciones a derechos humanos por parte de toda la administración pública municipal, la cual evidencia la poca apertura para atender la demanda de justicia socio-ambiental que se ha manifestado en este municipio y en otras regiones del estado en situaciones similares a la nuestra”.
Finalmente, establecen que lo vivido por parte de los ciudadanos antes estos actos violentos durante las protestas, conlleva a afectaciones a la salud de la dignidad de todas las personas afectadas, por lo que “exigimos que policía municipal a cargo de Gumersindo Jiménez Cuervo, se abstenga de realizar detenciones arbitrarias, disolver manifestaciones, encapsular personas y hacer un uso arbitrario de la fuerza, la cual debe ser siempre el último recurso y aplicarse bajo los principios de la legalidad, proporcionalidad y estricta necesidad, además deben de sujetarse a protocolos de actuación policial adecuados sin presencia de armas de uso letal, puesto que no somos delincuentes y además porque la protesta se ha venido desarrollando por medio de una resistencia creativa y pacífica”.
Es importante destacar que ayer sábado, los trabajos de demolición de todo el parque del Casco Antiguo continuaban abiertamente bajo una vigilancia de elementos de Seguridad Pública, además de que trabajadores de la empresa que realiza las labores, se abocó a tapiar la zona con plástico negro y tampoco nadie quiso hablar al respecto.