Padres de familia están evadiendo su responsabilidad ante la ley, permitiendo que sus hijos salgan a las calles a ofrecer artículos a los extranjeros a cambio de unas monedas para llevar el sustento a sus casas. El Sistema Nacional de Protección Integral a Niños y Adolescentes (Sipina) en la isla de Cozumel, ha turnado a madres de familia ante los jueces cívicos.
Durante la pandemia no se han dado casos de trata o explotación infantil. Sin embargo, en el 2019 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto de acuerdo a Víctor Venegas Molina, titular de Sipina en la isla.
El funcionario pidió a la ciudadanía local, reportar al 911 todos los casos que pudieran observar en algún punto de la isla sobre todo en el primer cuadro de la ciudad y afuera de los súper mercados, donde es más común observar a aquellos niños y jóvenes que se encuentran en situación de trabajo no propios a su edad.
Dijo que en algunas situaciones donde han logrado llegar al lugar del reporte, a simple vista no se puede apreciar todo el riesgo que hay, por lo que es necesario que cuando se detecte un caso de abuso infantil se reporte al 911, ya que el sistema se activa de forma inmediata con la presencia de elementos de Seguridad Pública, quienes cuentan con los conocimientos y protocolos para apersonarse con los niños y observar si hay adultos con ellos y si no los hay, se presenta a los menores ante los jueces calificadores, quienes requieren a los padres o tutores para conocer la situación.
Resaltó que si se trata de una respuesta por alguna situación apremiante que los obliga a trabajar, por los que se está viviendo en estos momentos por la pandemia o por alguna situación económica de crisis, se habla con los padres y se les exige que remuevan a los niños de la calle, ya que no pueden estar expuestos para laborar en ninguna modalidad de trabajo.
Se ha percatado que algunas de las familias están evadiendo su propia responsabilidad, abusando de los niños para que sean ellos quienes lleven el sustento y es justamente lo que valoran los jueces cívicos, optando por solicitar la presencia de la Procuraduría del menor del DIF municipal, para que se haga un acuerdo con las partes y se remueva al niño de la calle.
Explicó que si existiera un caso donde se determinen delitos como trata de personas o explotación laboral, es presentando ante la FGE, donde se inician las investigaciones que derivarán en el desahogo de pruebas y conclusiones que puedan dictaminarse en esa dependencia. Recordó que los niños que trabajan en la calles, son fácilmente atraídos por el crimen organizado, quienes los involucran o enganchan en actividades ilícitas y es precisamente a la circunstancia que no se quiere llegar en la isla.
Agregó que la edad permitida para menores dentro de la Constitución Mexicana y por la Ley Federal de Trabajo, es entre los 15 y 17 años, siempre y cuando cumplan las condiciones que establecen las leyes de trabajo que están hechas precisamente para cuidar y garantizar, la salud, integridad y el bienestar de los menores y para poder hacer que esto se cumpla, se tiene que tramitar ante la delegación de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), el permiso correspondiente para que un adolescente en este rango de edad pueda trabajar. Los supervisores de la STyPS, realizan la labor verificando que todos los criterios que establece la ley se cumplan debidamente.
En Cozumel se tienen adolescentes registrados y que estaban trabajando dentro de este contexto de la ley antes de la pandemia. Mencionó que se torna peligroso para aquellos niños que laboran en el ámbito rural, ya que están expuestos a una explotación, abusando de la condiciones, horarios y realizando actividades no propias.
Además de exponerse a sustancias o químicos que pudieran atentar contra su salud o bienestar, caer en actividades que puedan afectar su salud mental y moral.
MA