El juicio internacional promovido por la empresa CALICA (hoy Sac Tun), está a punto de concluir. La transnacional presentó nuevas evidencias con el objetivo de obtener un fallo a su favor, el cual obligaría al Gobierno mexicano a pagar más de mil 500 millones de dólares como compensación.
En enero de 2019, la compañía filial de la estadounidense Legacy Vulcan promovió este juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés), que es una institución del Banco Mundial con sede en Washington, y acusó al gobierno de México, de Quintana Roo y Playa del Carmen de afectar sus inversiones al cambiar el uso de suelo de los predios “La Adelita” y “El Corchalito”, lo que le impedía continuar con la extracción de material pétreo empleado para la construcción de carreteras, principalmente en Estados Unidos.
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De acuerdo con el calendario del proceso, el presidente del Tribunal, el holandés Albert Jan Van Den Berg, está a punto de llegar a un veredicto, tras escuchar los argumentos de las dos partes, y sus respectivas réplicas.
Sin embargo, a principios de octubre, CALICA presentó una solicitud para que el Tribunal decida sobre la admisibilidad de nuevas pruebas.
En respuesta, el Gobierno mexicano, representado por la Secretaría de Economía, presentó observaciones a dicha solicitud.
La transnacional replicó las observaciones del Gobierno mexicano y a su vez, éste presentó otras, por lo que el Tribunal intervino para decidir sobre la admisibilidad de éstas.
Hasta el momento no se ha informado sobre las evidencias presentadas por la empresa, y esto no podrá realizarse hasta que ambas partes acuerden la información que se puede hacer pública, de acuerdo con las reglas del juicio.
La empresa señaló dolo y complicidad de los tres niveles de Gobierno para perjudicar sus actividades y argumentó que las clausuras realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en enero de 2018 (tras una inspección en mayo del 2017) fueron parte de este agravio en su contra.
Además, CALICA denunció que fueron violados algunos artículos del Tratado de Libre Comercio (TLC) y citó una minuta firmada con las autoridades, en donde señala que le permitirían continuar con sus actividades extractivas en los predios mencionados; incluso después de que durante el Gobierno municipal de Carlos Joaquín González se aprobara el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), donde supuestamente se cambió el uso de suelo de industrial a conservación.
En respuesta, el Gobierno mexicano alegó que las clausuras de Profepa estuvieron sujetas a lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y, sobre todo, que una minuta no tiene una validez oficial si no se firma ante notario público, además de que CALICA se negó a presentarla.
Asimismo, México puso en duda el procedimiento para medir el daño que los representantes de la transnacional aseguran que han sufrido, para exigir más de mil 500 millones de dólares como compensación.
Por su parte, los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos se desentendieron de este proceso legal, toda vez que CALICA intentó involucrarlos mediante el Tratado de Libre Comercio.
Se preveía que el juicio concluiría en noviembre, con el resolutivo del tribunal internacional, pero ante la nueva estrategia de la compañía, éste podría prolongarse aún más.
El 19 de octubre representantes de CALICA presentaron su “Primer Informe de Sustentabilidad” al que asistió Efraín Villanueva Arcos, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), quien, en nombre del gobernador Carlos Joaquín, señaló que “SAC-TUN es un ejemplo para otras empresas, por estar comprometida, a través de su Estrategia Ambiental, con la conservación de los recursos naturales del Estado”, a pesar de las acusaciones de la transnacional.
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JCL