A un año de la aprobación de la ley contra el acoso digital, llamada Ley Olimpia, Quintana Roo no presenta grandes avances para combatir este delito que afecta sobre todo a las mujeres, pues no hay protocolos necesarios para vincular a proceso a los agresores.
Aunque dicha ley se aprobó el 5 de septiembre de 2020, no hay una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos, por lo que siempre se desechan las investigaciones por falta de pruebas, por esta razón, colectivos feministas consideran que no hubo gran diferencia, previo a su decreto.
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“Tenemos conocimiento de que sólo hubo un vinculado a proceso por este delito, pero es algo que debe atenderse porque durante el confinamiento el acoso por redes aumentó, sin embargo, el Estado y el Código Penal no están preparados para investigaciones de redes sociales”, dijo Ariadne Song, abogada e integrante de la Red Feminista Quintanarroense.
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Por su parte, Cinthya Estrada, del Colectivo Feminista de Tulum, consideró que la aprobación de la ley no se ve reflejada en la disminución de estos delitos a nivel Estatal, pues en reiteradas ocasiones mujeres les solicitan asesoría sobre este tema, que es nuevo para las Fiscalías.
“No creo que haya un avance, seguimos teniendo víctimas, mujeres que sufren acoso cibernético y que son expuestas en redes sociales con contenido íntimo; no se está tomando con seriedad el asunto”, detalló.
Sólo para adultos
Song aseguró que esta ley sólo es aplicable a personas mayores de edad; en caso de menores, se cataloga como pornografía infantil y si los involucrados tienen menos de 18 años se aplica la ley de adolescentes.
Por su parte, Cinthya Estrada detalló que la mayoría de las víctimas de acoso digital son mujeres entre 12 y 17 años, quienes son engañadas por sus supuestas parejas o amigos, los cuales les piden material sexual para luego difundirlo y amenazarlas con ello.
“Las menores son las más expuestas a caer en estos (delitos), porque conocen a mucha gente por redes sociales que les piden este material y lo difunden sin su consentimiento; en su desesperación, ellas mismas reportan las publicaciones que pueden servir como pruebas”, continuó.
Consideró que hay mucho por recorrer para lograr procesos de vinculación en agresores, pues conforme avanza la tecnología, mayores son los retos para las autoridades y las Fiscalías.
“No hay un protocolo de actuación para que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investigue estos delitos. Estoy en proceso de meter una iniciativa para que se constituya una Fiscalía especializada en delitos cibernéticos. No tenemos la tecnología, pruebas periciales, ni el personal capacitado para acreditar la conducta delictiva en redes sociales. Su creación va a detonar en que se le apliquen recursos propios para su infraestructura y de personal especializados en derechos humanos, perspectiva de género y tecnologías, incluso jueces que sepan qué significa el compartir un contenido íntimo no deseado”, finalizó Song.
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CG