Ludovico Armando Zamora Hernández, Vocero del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas de Quintana Roo“Verdad, Memoria y Justicia”, urgió a que en la entidad se realice trabajo de campo; reprochó que el estado no pueda garantizarles su seguridad para realizar estas inspecciones.
En entrevista para Por Esto!, rechazó que el colectivo lleve a cabo inspecciones en la zona selvática donde fue localizada una narcofosa en Cancún, a un costado de la Avenida Instituto Politécnico Nacional, a la altura del fraccionamiento Villas del Caribe, de la Supermanzana 520. “Somos un colectivo pequeño y, como ocurre en la mayoría de los que hay en el país, nuestros integrantes son básicamente mujeres, por lo que hay limitaciones para ello”.
Expresó que la Fiscalía General del Estado “no nos ha volteado a ver”, pese a que ha solicitado audiencia con el Fiscal General, Óscar Montes de Oca, para ser considerados en las búsquedas; de ahí que pidieron que sea la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) la que intervenga de manera directa en Quintana Roo.
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“Quienes conforman el colectivo, como víctimas indirectas, son personas que no tienen recursos y por eso solicitamos integrarnos a las búsquedas como parte coadyuvante de la autoridad”, dijo.
Tras un recorrido por la fosa clandestina en Cancún, se verificó que yace sin ningún tipo de restricción de paso o vigilancia de Seguridad Pública o de la Policía Ministerial.
Dicho fosario está internado a 20 metros en la zona selvática que limita con la zona urbana de la Avenida Instituto Politécnico Nacional, es decir, los sicarios inhumaron a sus víctimas a escasos metros de la zona residencial del fraccionamiento Villas del Caribe. En la zona no hay cámaras de seguridad de viviendas, comercios o del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
En ese sentido, Zamora Hernández apuntó que, de acuerdo con los protocolos, ante este tipo de hallazgos una de las primeras acciones a realizar es preservar el lugar con la finalidad que se inicie la cadena de custodia, lo que permite que jurídicamente se resguarde todo lo que se pueda utilizar como evidencia.
“Bajo esta protección jurídica y técnica se tiene que procesar el contexto del hallazgo y, por la naturaleza de lo que se trata, tienen que participar peritos en materia de criminalística, antropología física y medicina forense”, señaló.
Agregó que posteriormente se realiza el embalaje y etiquetado de evidencias, con la finalidad de garantizar la certeza del origen. “Una vez certificados, los hallazgos se llevan al laboratorio para los procedimientos forenses con la individualización de los mismos”.
Explicó que el protocolo establece que no se deben suspender los trabajos, es decir, deben de ser continuos hasta que no se tengan más indicios o evidencias que consideren los criminalistas que deben procesarse.
“Una vez que se concluye el procesamiento, queda a consideración de quien realizó la diligencia, si el lugar debe permanecer resguardado o no hay más que pueda tener un valor criminalista; por lo que esa pudiera ser la justificación para que en ese lugar no esté en resguardo”, finalizó.
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CG