Desde 2011 hasta 2020, la Entidad no obtiene una calificación aprobatoria en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), ya que la evaluación adquirida oscila entre 3.81 y 7 puntos, de 10. En el reporte elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aparecen, de manera intermitente, las cárceles de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal.
En ese sentido, en el DNSP de 2011, Quintana Roo obtuvo una calificación de 5.44, con la evaluación de 5.42 y 5.5, respectivamente, de las instalaciones en Cancún y Chetumal. Un año después, ambos centros penitenciarios retrocedieron y llegaron a 4.86 y 4.91 puntos.
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Para 2013, el diagnóstico incluyó al Centro Penitenciario de Playa del Carmen, con una calificación de 4.13; un año después obtuvo 4.08, por lo que en 2014 Quintana Roo obtuvo el puntaje más bajo de la década, al registrar 3.66. Para 2015, la entidad reportó 4.43 de calificación; en 2016, 4.6; sin embargo, ese año y los siguientes dos, no fue evaluado el penal de Playa del Carmen.
En cambio, sólo en 2018 y 2019 se agregó al DNSP, la cárcel de Cozumel, que obtuvo 5.81 y 6.68 puntos, respectivamente. En el informe de 2020 se mantienen, en números amarillos el Centro Penitenciario número 2 de Cancún y el 4, de Playa del Carmen, los cuales obtuvieron de manera respectiva una calificación de 6.81 y 7.19.
En el caso de Cancún, el reporte señala que es importante garantizar la integridad de las personas reclusas, ya que se encontraron deficiencias en los servicios de salud, hacinamiento y sobrepoblación, pues la capacidad es para mil 27 reclusos pero alberga a mil 489.
También se observó que debe garantizarse una estancia digna, al haber deficiencias en la alimentación, condiciones materiales e higiene de instalaciones.
Durante la inspección se detectó una deficiente separación entre procesados y sentenciados, así como una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad e insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. De igual forma, el diagnóstico observó carencias en la atención a mujeres y/o menores de edad que viven con ellas e insuficiencias en el trato de los adultos mayores.
En el caso de la cárcel de Playa del Carmen, señala que es importante prestar atención en la supervisión del funcionamiento del reclusorio por parte del titular, hay sobrepoblación, deficiencias en la alimentación, condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
También se observó inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para la comunicación con el exterior y de materiales e higiene de la cocina y/o comedores. En cuanto al rubro de las condiciones de gobernabilidad, se observó presencia de actividades ilícitas, sin embargo, el informe no precisa el tipo de delitos.
Esto se suma a la deficiente separación entre procesados y sentenciados, una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. En cuanto a los grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas, se encontró insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Por separado, detalla que se registraron 16 casos de COVID-19 en los reclusorios de Quintana Roo, de los cuales se reportaron dos defunciones; sin embargo no se detalla en qué centros de reclusión se dieron los brotes. De igual forma se registraron cuatro riñas en los reclusorios de Quintana Roo, dos de ellas en 2019 y las otras en 2020, aunque no se precisa en qué centros penitenciarios.
También se reportaron dos suicidios dentro de las cárceles estatales, ocupando el cuarto lugar nacional por esta causa, por debajo de Jalisco (7), Sonora (14) y Estado de México (18). En ese sentido, destaca el informe, se identificaron como posibles causas de suicidio una combinación de factores biopsicosociales como: hombres jóvenes, transitorios mentales, personas con abstinencia a sustancias ilícitas, impacto psicológico del encarcelamiento, comisión de conductas suicidas previas, ausencia de personal, aislamiento, niveles de vigilancia, ausencia o deficiencia de programas ocupacionales, de redes de apoyo y acoso, entre otras que se agravan debido a la pandemia por COVID-19.
En 2020, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria registró un homicidio dentro de los centros de reclusión de Quintana Roo, pero no se especifica en cuál ocurrió el ilícito. El DNSP observó insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria en la prisión de Playa del Carmen.
De acuerdo con los datos del DNSP, se encontraron deficiencias en la atención de personas adultas mayores del centro penitenciario de Cancún. Además se encontraron deficiencias en la atención a mujeres y/o menores de edad que viven con ellas en el centro penitenciario de Cancún, donde hay ocho féminas con igual número de hijos viviendo al interior del reclusorio.
Para este último reporte elaborado por la CNDH no se consideró el cárcel de Cozumel ni el ubicado en la capital quintanarroense. A nivel nacional, las Entidades que obtuvieron una calificación menor a siete fueron: Nayarit, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Michoacán, Colima, Durango y Estado de México.
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CG