La brecha económica entre los destinos turísticos del estado y su zona rural también se explica en el estatus de su población ocupada. De acuerdo con las estadísticas del Inegi, los municipios del Sur y de la Zona Maya de Quintana Roo, donde hay más familias pobres y dedicadas a las actividades rurales, tienen hasta el 79 por ciento de informalidad entre sus habitantes ocupados.
Es el caso de Bacalar, que se ubica en el primer lugar estatal y que además supera con 79 puntos a la media de la entidad, que es de 45 por ciento.
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En segundo lugar, está el Municipio de José María Morelos, con 75.4 por ciento, y en tercer lugar, Lázaro Cárdenas, con 73.8 por ciento.
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Por arriba del techo de los 70 puntos también se ubica Felipe Carrillo Puerto, donde 72.4 por ciento de su población ocupada vive de la informalidad.
Además del entorno rural, hay otros factores que influyen en que estas comunidades carezcan de esquemas que hagan que sus trabajadores tengan un mayor respaldo, apunta el estudio “Estimación de la Informalidad en México a nivel Subnacional”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 2021.
“Con respecto a los factores de riesgo en la región Sureste (de México), los municipios con bajos niveles de propensión a la informalidad coinciden con mayores niveles de educación promedio del principal perceptor de ingresos de la familia y con un mayor porcentaje de mujeres ocupadas”, señala el estudio.
Además, apunta, los municipios con alta informalidad tienen mayores porcentajes de personas que habitan en el área rural y con población indígena, coincidiendo con porcentajes más altos de personas ocupadas en el sector agrícola.
Negocios pequeños y también grandes corporaciones pagan “por fuera” a sus empleados para disminuir el costo de la seguridad social y de vivienda, lo que influye en el alto índice de informalidad en la Península de Yucatán, explica Carlos Rosas Landa, abogado experto en laboral.
“El problema es que se aumenta el número de población, pero aunque se crezca económicamente, el empresario no coopera con el 35 por ciento que le corresponde”, detalló el abogado laboral, Carlos Rosas Landa.
Desafíos
En entrevista, Rosas Landa señaló que a pesar del aumento del 20 por ciento que tendrá el salario mínimo en el país, si un empresario brinda los beneficios de la formalidad a sus empleados, éste debe ofrecer seguridad social y vivienda.
“En pesos y centavos, a un patrón le cuesta el 35 por ciento más de lo que cuesta al trabajador pagar esas cuotas”. De manera que si un negocio, una fonda paga una nómina de 20 mil pesos, más el 35 por ciento, la cifra se eleva a 27 mil pesos al mes.
Por lo que los pequeños empresarios mantienen el esquema informal apoyado en que en el el país hay nula supervisión por parte del Gobierno, deficiente fiscalización y un nulo sistema de sanciones.
La coordinación horizontal entre los diferentes niveles de Gobierno, por ejemplo, entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel Federal y sus representaciones regionales, así como entre jurisdicciones del mismo nivel, es decir, entre municipios contiguos, es una de las recomendaciones para evitar la informalidad en la Zona Sureste de México, de acuerdo con el estudio de la Cepal.
“Estos mecanismos deben estar encaminados a subsanar eventuales déficits en la coordinación, así como a facilitar un enfoque integrado de mercados laborales a nivel municipal o de zona metropolitana que coadyuve a maximizar los efectos directos e indirectos de políticas y regulaciones en materia laboral”, detalla el análisis.
También recomienda emplear incentivos fiscales o requisitos legales y fomentar la colaboración voluntaria, como la realización de foros municipales.
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CG