Por el lado que se le vea. Quintana Roo es una de las tres entidades más endeudadas de México.
Si la deuda se compara con el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), es la segunda con más pasivos; si se compara con los recursos que el gobierno federal le transfiere para libre disposición es la tercera más endeudada, y es la segunda con mayor endeudamiento si se traduce en deuda per cápita.
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Lo peor es que la deuda acumulada de Quintana Roo representa 170 por ciento el presupuesto que recibió a través de las participaciones federales para la libre disposición de recursos, por lo que no cuenta con la liquidez para utilizar ese dinero en escuelas, obra pública y para mejoras dentro de sus propias dependencias o gasto corriente, por lo que a largo plazo el potencial de la economía estatal se está mermando.
Al primer trimestre de 2020, Quintana Roo fue la segunda entidad que presentó mayor nivel de endeudamiento por persona, pues cada habitante tendría que pagar 13 mil 88 pesos para saldar los pasivos que el gobierno debe a sus acreedores.
Así lo revela el Reporte Trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios correspondiente al primer trimestre de 2020, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, al señalar que también es el segundo estado del país que presenta una mayor deuda con relación al PIB Estatal, con 6.7 por ciento.
En 2019, la situación fue similar. El estudio “Hablemos de deuda en los estados”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reveló que al 30 de septiembre de 2019 Quintana Roo acumulaba una deuda que equivalía al 201 por ciento de las participaciones federales, es decir, que las obligaciones financieras del gobierno de Carlos Joaquín González representaron el doble de los recursos que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador le transfirió para la libre disposición.
El coordinador de finanzas públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Christopher Cernichiaro Reyna, explicó que este nivel de deuda que Quintana Roo ha acumulado, reduce sus posibilidades para destinar recursos a obras de infraestructura en vía pública, parques, escuelas, hospitales u otras dependencias estatales, porque el dinero que recibe de la federación lo tiene comprometido para saldar la deuda.
“Se podría decir que la deuda de ese estado limita la libre de- cisión del gobierno estatal para instrumentar políticas públicas. Algunas de estas aportaciones también se van a gasto corriente de Salud, Educación y Seguridad, entre otros, por lo que tiene menos margen de maniobra para emprender otras acciones”, detalló el economista del CIEP.
Esta deuda que ha acumulado el gobierno de Carlos Joaquín González perjudicó en el corto plazo a la población del estado, porque “impacta en el funcionamiento cotidiano de las instituciones locales”, de modo que pueden vulnerar la operación diaria y esto afecta, en cadena, a los habitantes que acuden a estas instituciones de las que necesitan sus servicios.
“Se afecta la disponibilidad de recursos para proporcionar servicios a la población, ya que el gobierno tiene que destinar buena parte de sus ingresos al pago de la deuda”, advirtió el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Pero el problema no se queda ahí. “En el mediano plazo también afecta, porque no va a acabar de pagar la deuda de in- mediato y tendrá que seguir dedicando recursos a solventarla”, alertó Cernichiaro Reyna.
Este nivel de endeudamiento ocasiona que la calificadora Fitch Ratings México ponga a Quintana Roo con una calificación crediticia de riesgo “más débil” y aunque no llega a una perspectiva crediticia negativa, sí “está en observación”.
De acuerdo con el análisis del Instituto Belisario Domínguez, cada quintanarroense debe 13 mil 88 pesos, es decir que este es el monto que tendría que pagar en promedio cada habitante del estado para saldar la deuda total en la que ha caído el gobierno estatal.
Este nivel de deuda pública por habitante ubica a Quintana Roo en la segunda entidad de todo el país con mayor endeudamiento, después de Nuevo León, donde cada habitante de esa entidad tendría que pagar 14 mil 456 pesos para saldar la deuda del gobierno de ese estado del norte del país.
El especialista en gasto federalizado y deuda pública estatal, detalló que una deuda como la que adquirió Quintana Roo se convierte en un problema a largo plazo, pues “si asumimos que esos recursos podrían haberse destinado a infraestructura, afectaría el potencial de la economía estatal”.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el problema de un endeudamiento como el de esta entidad revela que hay opacidad “y en muchos casos no es posible conocer el destino de los recursos contratados con acreedores”. Actualmente la deuda es “la caja chica” de los gobernantes y no un instrumento de financiamiento que, bien utilizado, mejorarían las condiciones de vida de los habitantes de cada entidad.
Por ello, el IMCO propuso que es necesario destinar la deuda a inversión productiva (sobre todo a inversiones que mejoren la productividad de familias y empresas), por parte de las secretarías de finanzas estatales. Lo más riesgoso de que los estados aumenten su deuda es que si empieza a ser insostenible y no puede ayudarse con el dinero que le transfiere la federación es que los acreedores se cobren incluso hasta con el territorio del estado.
CG