El Gobierno de Carlos Joaquín en Quintana Roo gastó de forma irregular 301 millones 75 mil 531 pesos provenientes de cinco fondos federales en 2019. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías en la partida Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
También en tres fondos correspondientes al área de salud: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, mejor conocido como Seguro Popular.
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Y en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal. Las principales irregularidades detectadas corresponden al desorden financiero y pagos improcedentes a trabajadores de la Secretaría de Salud.
“Las principales irregularidades que se presentaron en el Estado de Quintana Roo se encuentran en el Cumplimiento de las Disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que generó balances presupuestarios y de recursos disponibles negativos y no informó a la Legislatura del Estado de Quintana Roo el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para eliminar dichos balances”, evidencia el órgano fiscalizador.
Estas observaciones son parte del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 entregado al Poder Legislativo. Ante estas anomalías, el órgano fiscalizador federal emitió cinco recomendaciones, dos sanciones administrativas y siete pliegos de observaciones, que estos últimos se relacionan con presuntos daños a la Hacienda pública federal.
Por lo que, la administración estatal a cargo del gobernador Carlos Joaquín González deberá presentar la documentación que justifique los 301 millones de pesos observados.
Desorden financiero
Al no atender los criterios de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Gobierno de Quintana Roo provocó un boquete a las finanzas por 273 millones 942 mil 853 pesos en 2019.
De acuerdo con el informe presentado por la ASF, el Gobierno estatal generó balances presupuestarios y de recursos disponibles negativos, sin informar al Congreso de Quintana Roo, principalmente en el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para eliminar dichos balances.
“(También) excedió el límite establecido en (el rubro de) servicios personales del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto por 212 millones 940 mil 400 pesos y rebasó el porcentaje de sus ingresos totales destinados al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores”, detalla el informe.
“Lo que generó probables daños a la Hacienda Pública por 273 millones 942 mil 900 pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes”, detalla. Ante esta anomalía, la ASF emitió una solicitud de aclaración a la administración encabezada por Carlos Joaquín González.
Pagos improcedentes en salud
La ASF observó que la Secretaria de Salud y los Servicios Estatales de Salud, a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, realizaron una serie de pagos indebidos a trabajadores que juntos suman 26 millones 252 mil 560 pesos, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y Seguro Popular correspondientes al año fiscal 2019.
“Se integran por recuperaciones probables por 21 millones 68 mil 100 pesos por pagar con recursos del fondo a 185 trabajadores por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo, los cuales no presentaron el oficio de autorización de la Secretaría de Salud de los empleados que recibieron la compensación durante el ejercicio fiscal 2019”, evidencia el informe.
De acuerdo con el órgano fiscalizador federal, el área de salud destinó tres millones 350 mil 700 pesos a pagos de ocho trabajadores que no acreditaron, con información documental, cumplir con el perfil requerido para ocupar la plaza por la que cobraron.
Además 68 personas recibieron pagos bajo el concepto de apoyo como auxiliares de salud, sin proporcionar un documento jurídico que lo justifique. En tanto, con recursos del Seguro Popular, el área de salud emitió pagos irregulares por un monto de un millón 494 mil 500 pesos a seis trabajadores, de quienes no proporcionaron documentación que acredite el perfil requerido para ocupar el puesto bajo el cual se les pagó.
Además se erogaron 187 mil 800 pesos en pagos, bajo el concepto 1E400 estimulo de compensación, por laborar en comunidades de bajo desarrollo con recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, de quienes no se presentaron los oficios de autorización por parte de la Secretaría de Salud a los empleados que recibieron la compensación durante 2019, señala la ASF.
“Y 62 mil 900 pesos por recursos comprometidos no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2020 y rendimientos financieros que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación”, apunta.
“La entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley General de Salud y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda pública federal por un importe un millón 745 mil 200 pesos”, señala el informe.
En otra auditoría más, la ASF acusó que la Secretaría de Salud de malgastar 149 mil 518 pesos provenientes del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en 2019.
Porque no aplicó penas a un proveedor que incumplió con los plazos de entrega de los bienes, que oscilaron desde los nueve a los 33 días posteriores a la fecha de la firma del contrato. Por esta observación se presume un daño a la Hacienda Pública federal por 97 mil 500 pesos.
“Y 52 mil 100 pesos por entregar medicamentos que no corresponden a los Centros de Salud Rurales y Hospitales Integrales como lo establece el anexo 1 de Medicamentos del oficio número DGPLADES-DERPMS-4444-2019, suscrito por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, lo que causó que la entrega final de los medicamentos no se hiciera a los beneficiarios que correspondían”, evidencia el informe.
Seguridad
En el mismo informe, el órgano fiscalizador ha señalado que el Gobierno de Quintana Roo mal gastó 730 mil 600 pesos correspondiente al Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, por lo promovió una recomendación, una sanción administrativa y un pliego de observaciones.
CG