Después de lavarse la cara y vestirse, Claudia desayuna café con pan y ocasionalmente unos huevos o dos empanadas que le prepara su mamá; así comienzan las mañanas de esta pequeña, de 12 años de edad y que vive en Cancún, quien es una de los 460 mil 554 menores, de entre cinco y 17 años, que registró en 2020 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en Quintana Roo.
La diferencia con el resto, es que ella tiene que salir a trabajar para ayudar a su mamá, porque sus ingresos no son suficientes para sustentar los gastos de su hogar.
En entrevista, la menor dijo que la venta de dulces es en lo que puede trabajar, porque ha buscado un empleo formal, pero nadie se lo da por su edad.
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El caso de Ana es similar. Cursa el sexto año de primaria y admite que no es muy constante con sus tareas porque tarda mucho en vender su mercancía y cuando llega a su casa no le dan ganas de estudiar, pero cuando tiene tiempo trata de estudiar un poco más y así ponerse al corriente con sus maestros, con los que tiene comunicación a través del celular de su madre.
La pequeña reconoció que lo que más le da miedo de estar en las calles, es que en ocasiones hay personas que se acercan a ella en su coche y le ofrecen comprarles cosas a ella y a sus hermanos, pero siempre dice que no, “me da miedo porque, ¿qué tal si ya no me regresan con mi mamá?”, a quien desinteresadamente ayuda porque hay muchos gastos y a su papá hace mucho tiempo que no lo ve.
De acuerdo con el Inegi, en 2019 el Estado reportó una tasa de incidencia de trabajo infantil de 10.2, por arriba de Jalisco (9.9), Nuevo León (6.3) y Ciudad de México (5.4), quienes tienen mayor población. Se contabiliza como “trabajo infantil” desde los cinco a los 17 años de edad.
Norma Gabriela Salazar Rivera, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en el Estado, manifestó que el trabajo infantil es una problemática compleja que se agudizó con la pandemia de coronavirus, ya que este nuevo escenario puso en riesgo los logros alcanzados en las últimas décadas y, por esta razón, los próximos meses serán fundamentales para detener y comenzar a revertir la tendencia.
Señaló que es necesario mostrar que el trabajo infantil tiene consecuencias físicas, psicológicas y educativas como lesiones, amputaciones, intoxicaciones, envenenamiento, insolación, estrés, baja autoestima, traumas, embarazo infantil, bajo rendimiento escolar, deserción, ausentismo, violencia sexual y matrimonio infantil, por lo que se deben multiplicar esfuerzos para la erradicación de esta problemática social y proteger sus derechos, fortaleciendo la cultura de denuncia.
JCL