En los últimos cinco meses 31 menores fueron víctimas de corrupción en Quintana Roo, un siete por ciento más de lo reportado en el mismo periodo de 2020. Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), que arroja que abril fue el mes con mayor incidencia, con ocho casos.
Estas cifras reflejan que en el Estado, 31 niños, niñas y adolescentes fueron sometidos a comportamientos considerados “adultos”, como es el exhibicionismo corporal, actos sexuales, prostitución, consumo de alcohol, narcóticos y hechos delictivos.
Ejemplo de esto es el que pasado sábado, Erika “S” fue detenida en la comunidad de Calderitas, en el municipio de Othón P. Blanco, por el delito de corrupción de menores, violación y pornografía infantil en agravio de sus tres menores hijos, con quienes sostenía encuentros sexuales para grabarlos y posteriormente enviarlos a su pareja sentimental; la mujer fue recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, por el delito de violación.
Éste pareciera no ser un caso aislado en la entidad, pues de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), en Quintana Roo la pobreza, la falta de oportunidades y la imposibilidad de acceder a la educación generan que los familiares de los pequeños los induzcan a cometer ilícitos, con el fin de obtener recursos para sobrevivir.
En su Balance Anual Redim 2021: el año de la pandemia y el abandono de la niñez en México apuntan que en el país, el 10% de los menores de entre 14 y 17 años, reporta haber sufrido alguna forma de violencia sexual. Independientemente del tipo de acto, las mujeres son más violentadas en sus entornos familiares, especialmente entre los 14 y 15 años, y sus principales agresores(as) son hermanos, madre (24.1%) y padre (20.7%).
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
El documento también presenta que la violencia a menores no es exclusiva de los hogares, pues en ese mismo año se registró un aumento de varios delitos contra niñas, niños y adolescentes, con respecto al 2019: la trata de personas se elevó en 27.7 por ciento, el rapto 21 por ciento y el feminicidio en 17.7 por ciento.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, opina que la actividad turística que predomina en el estado también es un factor que promueve los delitos contra menores, principalmente operados por redes criminales que atraen a infantes y a adolescentes o sus padres para cometer actos ilicitos, a través de promesas económicas o amenazas, aprovechando la marginalidad en la que se encuentran muchas familias, lo que se ha agravado desde el 2020 por la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.
“Lamentablemente, el caso que sucedió en Chetumal no es aislado, se han reportado casos exactamente iguales a éste en el Estado de México, en Acapulco, en Cancún y está sucediendo cada vez más seguido”, afirma Pérez García.
Ante la situación de este delito, el Código Penal de Quintana Roo, en su artículo 191, establece que: A quien facilite o induzca a una persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, prácticas sexuales, a consumir algún narcótico o bebida embriagante, a la comisión de algún delito o a formar parte de una asociación delictuosa, se le aplicarán de cuatro a once años de prisión, de cincuenta a doscientos días multa y se le inhabilitará para ser tutor. Se aumentará la pena privativa de libertad hasta en una mitad más al que obligue a una persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar una o varias de las conductas anteriormente descritas.
CG