De 2018 a 2020, la Secretaría Estatal de Salud (SESA) erogó 59.9 millones de pesos en la contratación, por adjudicación directa de empresas, para la elaboración de material audiovisual para su difusión a través de portales digitales, radio y televisión. Tan sólo el año pasado aplicó el 39.8 por ciento de estos recursos, al ejercer 23.9 millones de pesos.
Aunque en la Plataforma Nacional de Transparencia esta dependencia estatal informa, en el apartado de gasto de publicidad oficial, que “compete a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, donde se basa que con fundamento en el decreto de la Coordinación General, no se encuentra entre sus facultades y competencias generales un programa anual de comunicación social o equivalente”, la realidad es que ha ejercido recursos públicos para contratar a privados para servicios de grabación, edición, producción y transmisión de spots publicitarios a través de distintos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales.
Durante enero de 2020, antes de que iniciara la pandemia, la SESA entregó diez contratos por asignación directa a empresas relacionadas con publicidad audiovisual, por 23 millones 958 mil 740 pesos. El más oneroso se entregó a través del contrato SESA-DA-AD-042-2020 a la empresa Forbes Degaray Pro, por 4 millones 999 mil 999 pesos, para otorgar a la dependencias “servicios de creación de desarrollo de estrategias de diseño, imagen y producción de contenidos de videos audiovisuales”.
La Promotora Artística Cinco Estrellas se benefició de la asignación SESA-DA-AD-019-2020, por la cual recibió la cantidad de 4 millones 8 mil 960 pesos, por la difusión y publicidad en línea y medios digitales, plataformas web y redes sociales de materiales audiovisuales y gráficos.
La empresa EncadenaTV recibió el tercer contrato más costoso de ese año, que alcanzó los 3 millones 758 mil 400 pesos, como marca el contrato foliado como SESA-DA-AD-037-2020, para el “servicio para la transmisión de spots publicitarios de campañas y avisos institucionales”.
Una cuarta empresa alcanzó contrato superior a los 3 millones de pesos, se trata de la identificada como Radio Cancún, con 3 millones 382 mil 560 pesos, con el folio SESA-AD-AD-033-2020, que se encargó de la difusión de cápsulas y spots publicitarios.
En estos cuatro contratos se erogaron la cantidad de 16 millones 149 mil 919.98 pesos, lo que representa un 67.4 por ciento de los 23 millones 958 mil 740 pesos que los Servicios Estatales de Salud usaron del erario en 2020. Otros 7 millones 808 mil 820 pesos fueron repartidos en media docena de empresas, siendo el año con más contratos y recursos asignados de los que aparecen en el registro durante la gestión del Gobernador Carlos Joaquín González.
Durante 2019, el gasto de publicidad se concentró en tres empresas que recibieron el 81.4 por ciento de los 14 millones 872 mil 200 pesos que suman los siete contratos que están publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Fue a través del contrato SESA-DA-AD-020-2019, que la empresa recibió 6 millones 960 mil pesos, casi la mitad de lo usado ese año. Radio Cancún también aparece en este año con una asignación económica por 3 millones 758 mil pesos; la compañía Proyectos Integrales de la A a la Z recibió un millón 392 mil pesos.
El uso de recursos públicos en 2018 superó los 21 millones de pesos en tan sólo cinco contratos y una sola empresa se embolsó el 57 por ciento, se trata de TV Azteca y la adjudicación directa SESA-DA-AD-030-2018, por 12 millones 38 mil 868 pesos para la transmisión de spot publicitarios de campaña y avisos institucionales de los Servicios Estatales de Salud.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha dado a conocer que los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas el año pasado alcanzaron el punto más alto desde que se tiene registro. La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia y además representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos.
CG