La emergencia sanitaria por COVID-19 agudizó el rezago en las comunidades mayas de los municipios quintanarroenses, pues la mayoría de los habitantes carece de oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas.
Tres de los municipios pertenecientes a la zona Sur lideran a nivel estatal los índices de pobreza y pobreza extrema; se trata de José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, donde la escasez oscila entre 70 y 80 por ciento de la población. Sin embargo, la marginación también se refleja en otras demarcaciones.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 88.31 por ciento de la población de Lázaro Cárdenas carece de acceso a la seguridad social; seguida de 85.65 en José María Morelos, 82 por ciento en Bacalar, 80.31 en Tulum y 79.81 por ciento en Felipe Carrillo Puerto.
Es decir, más de la mitad de la población en esos municipios no cuenta con la certeza de cubrir sus necesidades básicas, ya que, según el Gobierno Federal, la seguridad social “se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias”.
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Por otra parte, el “Visor Geoespacial de la Pobreza y la COVID-19 en los municipios de México” indica que la falta de acceso a los servicios de salud fluctúa entre 6 y 20 por ciento en las demarcaciones de Quintana Roo, que en todo su territorio alberga a un millón 857 mil 985 personas, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunado a la insuficiencia de ese rubro, la Secretaría de Salud federal reportó que hasta el corte del pasado 27 de mayo, 645 indígenas enfermaron de COVID-19 y de ellas, 143 fueron víctimas mortales.
Condenados a muerte
Tras 13 días internado en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, la familia de Elio May Pech, un artesano de la tercera edad oriundo de la comunidad Kopchén, acumuló una cuenta de 229 mil pesos por la atención médica brindada.
Fermín May, hijo de Elio, lamentó que los enfermos procedentes de las comunidades mayas prácticamente están condenados a morirse, por los altos costos de los servicios en el nosocomio.
Detalló que su padre ingresó al hospital por una embolia cerebral y que permaneció ahí por lo menos 13 días, tiempo en el que le informaron que el paciente era positivo a COVID-19, aunque consideró que fue un engaño porque “únicamente tratan de sacar dinero a la gente pobre”.
Tras solicitar el alta médica, “grande fue nuestra sorpresa al informarnos que la cuenta por permanecer hospitalizado fue de 229 mil pesos, una suma considerable con la que mi familia no cuenta, ya que mi padre se dedica a la elaboración de artesanías a base de bejuco y no tiene un ingreso estable”.
Expresó su molestia por el alto costo de servicios que, consideró, no lo valen. “Es una exageración, lo que nos querían cobrar para sacarlo del Hospital General tras causar alta, al tratar de cobrarnos por un día, 14 mil pesos, de brindarnos un servicio que para nosotros no es lo adecuado”.
Fermin May mencionó que “Felipe Carrillo Puerto, es un municipio pobre, la gente de las comunidad indígenas vive del campo, y si buscamos una mejoría en la salud acudiendo a las clínicas públicas, es porque realmente no tenemos el dinero para un servicio particular”.
El campesino, oriundo de Kopchén, añadió que después de hablar con los directivos del hospital para explicarles que no tenían cómo pagar esa cantidad, la bajaron a 8 mil pesos.
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“A pesar de que nos descontaron, para una familia de escasos recursos, sobre todo de comunidades indígenas, sigue siendo una suma considerable; no hay dinero para pagar estos servicios”, insistió.
GH