Habitantes de Huay-Pix y Xul-Ha denuncian que las clausuras que establece la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) son de simulación, porque los ecocidas del ejido Juan Sarabia no las respetan y continúan destruyendo el mangle a espaldas del excampamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la salida hacia la localidad de Huay-Pix.
Extensas superficies de mangle a todo lo largo del Estero de Chac están siendo devastadas para construir puentes de madera que libre la zona de humedales que existe en toda la orilla de ese brazo de agua y se puedan comercializar esos terrenos.
Para llegar a esa zona hay que tomar la carretera antigua en la llamada “curva peligrosa”, a escasos dos kilómetros de Huay-Pix rumbo a Bacalar. Era una zona de puros humedales, pero Ernesto Haro, cuando fue comisario ejidal, mandó a Marco Jiménez Potenciano, en ese entonces su subalterno y ahora comisario ejidal, a construir caminos de terracería y sepultó la vegetación protegida, para ello “trabajaban a escondidas de noche”, relató el cuidador de un rancho cercano a la zona.
Desde hace dos años comenzaron con esta operación, a la vera del camino amontonaban el sascab y gravilla y por las noches ponían a trabajar las máquinas; fueron más de tres kilómetros de camino los que construyeron de esta forma con el fin de llegar a los mencionados terrenos.
“La Profepa según clausuró los trabajos, pero no pasó nada, nadie pagó por eso y los trabajos terminaron”, señaló el entrevistado, quien prefirió el anonimato para evitar represalias.
“Los terrenos no se podían comercializar porque eran puros humedales, se rellenaron con sascab y cortaron mangle para colocar pilotes de madera sobre los que construyeron puentes hasta a la orilla del agua; volvió a clausurar la Profepa y suspendieron los trabajos, hasta que los retomaron hace unas semanas, aun cuando todavía cuelgan las lonas de clausura”, dijo.
Los pobladores de Juan Sarabia aseguraron que el actual presidente del comisariado ejidal, Marcos Jiménez Potenciano, presume haber regalado un terreno en esa zona a un funcionario de la Profepa, “para que los dejen trabajar tranquilamente”, y al parecer es verdad, porque las supuestas clausuras que colocan son pura simulación, pues no hay multas, cárcel ni castigo de ningún tipo para los ecocidas, a pesar de las graves violaciones al medio ambiente que hacen, dijo el entrevistado.
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JCL