Las magistradas supernumerarias del Poder Judicial de Quintana Roo, Mariana Dávila Goerner y Adriana Cárdenas Aguilar presentaron ante el Congreso del Estado sus intenciones de ser reelectas en sus cargos, y se tiene conocimiento de que el próximo lunes se dará lectura a la solicitud del magistrado Carlos Lima Carvajal en el mismo sentido, quienes en su momento, al ser nombrados, fueron señalados de formar parte del denominado “Paquete de Impunidad” del exgobernador Roberto Borge Angulo, actualmente recluido en el Ceferepsi de Ayala, Morelos, y procesado por cuatro delitos del orden federal y del fuero común, al que se suma el quinto, por delincuencia organizada, tras acceder el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a la solicitud del Gobierno de México de ampliar la excepción del principio de especialidad por el que fue extraditado en 2018 de ese país.
La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo turnó a la Comisión de Justicia las solicitudes de las magistradas supernumerarias del Poder Judicial Mariana Dávila Goerner y Adriana Cárdenas, para mantenerse en el cargo, pues el periodo de su responsabilidad concluirá el próximo 29 de octubre. Los expedientes con la información de cada funcionaria ya fueron ingresados para que se dé inició al proceso de ratificación.
Fuentes confiables informaron que, ante la legislatura local, también fue entregada la solicitud del magistrado supernumerario Carlos Lima Carvajal, la cual seguramente, el próximo lunes, será turnada por la Comisión Permanente a la de Justicia.
Han pasado cinco años del nombramiento de los magistrados mencionados, quienes perciben, individualmente, un sueldo superior a los 130 mil pesos mensuales, de acuerdo con el tabulador del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, por lo que en este periodo habrán recibido más de nueve millones 360 mil pesos cada uno, tan solo por sus haberes, sin contar primas, aguinaldos y otras prestaciones adicionales al salario.
A pesar de ello, buscan permanecer otro periodo más, cuando su nombramiento en el gobierno de Roberto Borge Angulo obedeció más a criterios políticos que a méritos dentro de la carrera judicial.
Lo anterior, porque Adriana Cárdenas Aguilar sólo había tenido cargos menores dentro del Poder Judicial; mientras que Mariana Dávila Goerner había sido directora del DIF municipal en Benito Juárez. Por su parte, Carlos Lima Carvajal tampoco tenía méritos en la carrera judicial; por el contrario en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio fue señalado de formar parte de una serie de despojos de terrenos públicos y privados para venderlos de manera ilegal durante la administración de Borge Borge Angulo.
Es necesario mencionar que, en 2016, los tres magistrados enfrentaron una denuncia por parte de Alejandro Aguirre Buenfil, por haber ocupado el cargo sin reunir los requisitos de ley, siendo el caso más cuestionado el de Carlos Lima Carvajal, quien no presentó en tiempo y forma su declaración patrimonial, aunado a los señalamiento de irregularidades cuando estuvo al frente del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
La permanencia en sus cargos depende de la determinación que tomen diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo. Mientras tanto, el propio magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Antonio León Ruíz, envió al Congreso del Estado los documentos para notificar que los magistrados solicitan su ratificación, pues consideran que han desempeñado bien su función.
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CG