A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) emitió una recomendación al presidente municipal del Ayuntamiento de Tulum, Víctor Mas Tah por el asesinato de Victoria Salazar, mujer de origen salvadoreño que perdió la vida tras una detención policiaca con violencia el pasado 27 de marzo.
Con base en las notas periodísticas en las que se publicó información sobre la muerte de Victoria quien se encontraba en situación de migración internacional, la CNDH ejerció su facultad de atracción y comenzó una queja de oficio para llevar a cabo una investigación sobre este caso. De acuerdo con las evidencias encontradas, se llegó a la conclusión que fueron violados los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la vida.
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Según el análisis realizado por el organismo, no existen datos que establezcan que las autoridades responsables cumplieron con las formalidades para llevar a cabo la detención de la víctima, ni evidencias de que esta incurriera en comportamientos que justificaran su la detención. Aunado a esto, los elementos policiacos no actuaron con prudencia y los responsables sometieron a Victoria Salazar aplicando ciertas maniobras que derivaron en una lesión cervical la cual la llevó a su muerte, sumando a esto que los demás policías no brindaron ayuda a la mujer tras haber sufrido de este acto violento.
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Debido a lo anterior, la CNDH pidió al presidente municipal del Ayuntamiento de Tulum que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, otorgue a las cinco víctimas indirectas del caso, la reparación integral por los daños causados, además de una compensación justa y suficiente, además de la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran, al mismo tiempo que deberá colaborar en el seguimiento de la queja que se presente ante la Coordinación de Asuntos Internos de Tulum en contra de los responsables del acto.
Por otro lado, se le impuso impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos para su personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, además de determinar la responsabilidad administrativa de las autoridades involucradas en el asesinato de Victoria Salazar.
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MA