La administración de Carlos Joaquín González decretó que se ocultara por cinco años la información fiscal de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, así como las facturas de los gastos de su Gobierno y estados de cuentas bancarias.
Durante esta gestión, la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de Yohanet Torres Muñoz, elaboró 42 expedientes para clasificar la información financiera del Gobierno del Estado por un periodo de cinco años, por lo que no podrá conocerse hasta que concluya su mandato.
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Las reservas incluyen datos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado considera que son de carácter público, como los gastos de la administración, facturas, estados financieros y contratos.
Sin embargo, el Gobierno de Joaquín González justifica que la información solicitada por los ciudadanos es parte de investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que son parte del proceso de auditoría o que la divulgación de los documentos representa un riesgo a la seguridad nacional.
Reserva por “seguridad nacional”
De acuerdo con el Índice de Información Reservada, en 2017 la Sefiplan reservó la información fiscal relacionada con la empresa pública VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de C. V., debido a que “se encuentran en curso investigaciones que forman parte de averiguaciones previas o carpetas de investigación ante el Ministerio Público”.
La Sefiplan también clasificó los contratos de prestación de servicios suscritos por la empresa pública porque representa un riesgo a la “seguridad nacional”.
“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. Representa un riesgo real porque guarda estrecho vínculo con las personas que utilizan las aeronaves para su transportación”, justificó.
La dependencia a cargo de Torres Muñoz no difundió los montos de los recursos transferidos de 2012 a 2016 porque “divulgar la información que requiere es de alto riesgo” y porque eran parte de una auditoría.
En 2018 también se reservaron los gastos de la empresa paraestatal hasta mayo de 2023.
La información anterior fue requerida a través de solicitudes de información elaboradas en 2017; sin embargo, el Gobierno del Estado la negó a los solicitantes y la reservó por cinco años aludiendo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su homóloga estatal, por lo que será pública hasta el próximo año.
En auditoría
En marzo de 2018, la dependencia a cargo de Torres Muñoz también reservó por cinco años los estados de cuenta bancarios de HSBC correspondientes de 2013 a 2017, relacionados con la administración del ex Gobernador Roberto Borge Angulo y la del actual mandatario estatal. Debido a que se encuentran en curso de revisión por la Auditoría Superior de la Federación.
“De revelarse públicamente esa información podría traer como consecuencia que la persecución o sanción de las personas responsables del daño al Erario detectado en la auditoría quedara sin objeto o se obstruyera la tarea de fiscalizar”, justificó.
También fueron clasificadas las pólizas contables y el soporte documental relacionadas con dichas cuentas bancarias hasta marzo de 2013.
Los gastos de Joaquín
En mayo de 2018, la Sefiplan negó entregar la relación de proveedores con pagos mayores a 100 mil pesos realizados de septiembre de 2016 a diciembre de 2017, que fue el primer año de periodo del Gobernador.
Y reservó la información por cinco años porque estaba bajo fiscalización y su entrega obstruía dicho trabajo.
Un mes después, clasificó por otros cinco años los datos relacionados con los servicios de asesorías, consultorías y procesos administrativos, fiscales y legales contratados.
En septiembre de 2018, la dependencia a cargo de Torres Muñoz no divulgó facturas pagadas por la propia Sefiplan durante el primer semestre de 2018 que fueron solicitadas, sino que, se difundirán hasta septiembre de 2023, un año después de que concluya el Gobierno de Joaquín González.
Otra vez, justificó que los datos estaban en proceso de auditoría, y advirtió: “revelarse públicamente esta información podría traer como consecuencia que la persecución o sanción de algún delito quedara sin objeto”.
Y desclasificará las facturas pagadas a la empresa Fleet Solutions S. A. de C. V. hasta noviembre de 2023.
Una década después
Hasta marzo de 2023, cuando el gobierno de Joaquín González haya concluido, la Sefiplan divulgará los montos pagados, los oficios de las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) ejercidos en 2013, es decir, una década después de que fueron gastados.
Lo mismo sucederá con la información correspondiente al periodo de 2014 a 2017.
Porque “es objeto de auditoría por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado”, justificó la Sefiplan en marzo de 2018 cuando realizó la reserva de ley.