Una mujer que en 2016 obtuvo un laudo por un despido injustificado, denunció a María de Lourdes Fernández Estrada, titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chetumal, ante la Fiscalía General del Estado (FGE Quintana Roo) por el delito contra el buen despacho de la administración pública, debido a que esa autoridad simuló inscribir dos bienes ante el Registro Público de la Propiedad, que fueron embargados como parte de ese litigio, dando tiempo de ser rematados para beneficiar a los patrones.
La víctima, de iniciales F.R.A.D, explicó al Fiscal del Ministerio Público que inició una demanda laboral desde hace 10 años en contra de Lorena Antonia Puc Ortiz y Asdrubal Sierra Montalvo, dentro del expediente D1-/2012 en el que se emitió un laudo en el que se les condena pagar la cantidad de 188 mil pesos, en febrero de 2016.
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Sin embargo, al negarse a realizar el pago, fueron embargados dos predios, uno en la Avenida Palermo de Chetumal y otro localizado en la comunidad de Miguel Hidalgo, Municipio de Bacalar. No obstante, aunque el procedimiento indica que tras el embargo debe realizarse una inscripción en el Registro Público de la Propiedad para evitar que sea vendido o rematado, antes de liquidar el laudo, esto no se realizó.
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 962 señala que el término para realizar la inscripción es al día siguiente de realizado el embargo, pero este no se emitió.
No obstante, en los meses de agosto y septiembre se solicitó que se enviaran oficios al Registro Público de la Propiedad, para hacer las anotaciones respectivas y evitar que ambos predios fueran vendidos antes de cumplir con el pago del laudo. Sin embargo, la víctima señala que Fernández Estrada simuló enviar el oficio STyPS/SSTZS/JLCA/789/IX/2021, del cual nunca se tuvo registro y, por ende, no se inscribieron las propiedades.
La víctima aseguró que, aunque ha acudido a dialogar con la funcionaria, ésta se niega a solicitar de nueva cuenta la inscripción. La denuncia contra Fernández Estrada es por delitos contra el buen despacho de la administración pública, establecido en el artículo 242 del Código Penal del Estado de Quintana Roo que señala que: “se impondrá de seis meses a dos años de prisión o de 10 a 50 días de multa a los servidores públicos que con daño o perjuicio de la administración pública o a terceros se niegue, sin causa legal o justificada, a tramitar o resolver algún asunto que sea de su competencia”.
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CG