Derivado de las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, para la segunda entrega de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los Gobiernos estatales de la Península de Yucatán deben aclarar un monto de 88 millones 181 mil 400 pesos.
Si bien el órgano fiscalizador Federal observó discrepancias por 91 millones 904 mil pesos en los Gobiernos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, logró recuperar un total de 3 millones 723 mil pesos, de manera que no se han justificado los casi 88 millones 200 mil pesos faltantes.
Ahora bien, el Gobierno de Yucatán es el que debe aclarar a la ASF el destino de 31 millones 882 mil 200 pesos. Las autoridades fiscalizadoras observaron que la Administración de Mauricio Vila no precisó un monto de 32 millones 15 mil 900 pesos, de los cuales, sólo se lograron recuperar 133 mil 700 pesos.
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La ASF auditó, a través de 17 revisiones, una muestra de 6 mil 988 millones 496 mil 700 pesos al Gobierno yucateco, lo cual representa el 99.18 por ciento del ejercicio de 7 mil 46 millones 598 mil 600 pesos. De los resultados 250, 159 no presentaron irregularidades, fueron solventados 68 por la entidad fiscalizada y 27 requirieron acciones.
Por otro lado, el Gobierno quintanarroense debe explicar el destino de un total de 28 millones 401 mil 200 pesos. Según el reporte de resultados, en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2021, en la Administración de Carlos Joaquín, quien apenas dejó el cargo, se detectaron discrepancias por un total de 31 millones 612 mil 400 pesos, de los cuales, sólo se recuperaron 3 millones 211 mil 200 pesos.
A propósito, la ASF aplicó 16 auditorías al Gobierno de Quintana Roo para revisar un total de 4 mil 543 millones 15 mil 700 pesos, lo que significa el 95.65 por ciento de una cuenta de 4 mil 749 millones 627 mil 800 pesos. En cuanto a los resultados, de 282: 166 sin irregularidades, 55 fueron solventados y 61 requirieron acciones.
Por su parte, el Gobierno Estatal de Campeche debe aclarar a la ASF un total de 27 millones 898 mil pesos. Las autoridades fiscalizadoras señalan que durante la Administración de Layda Sansores hay un descuadre de 28 millones 276 mil 300 pesos, monto del que sólo se han recuperado 378 mil 300 pesos.
En ese sentido, las autoridades fiscalizadoras revisaron, a través de 16 auditorías, un total de 3 mil 206 millones 337 mil 600 pesos, lo que representa el 98.58 por ciento de una cuenta de 3 mil 252 millones 438 mil 700 pesos. De los 240 resultados, 154 no presentaron discrepancias, mientras que 56 fueron solventados y 30 requirieron acciones.
Entre las irregularidades más comunes que detectó la ASF a los Gobiernos Estatales están la falta de documentación justificativa y comprobatoria de gastos, pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, pagos improcedentes o en exceso, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa, así como recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
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NR