Lauro Cantú asumió ayer la titularidad del ejido Juan Sarabia, con lo cual los comuneros esperan que concluyan las persecuciones y malos manejos que realizaron Ernesto Haro y Marcos Jiménez Potenciano.
Los ejidatarios vieron con esperanza el inicio del periodo de Cantú, pues no pertenece al grupo de Haro y Jiménez Potenciano, quienes mantenían el control del núcleo agrario desde hace más de tres Administraciones.
Los pobladores no disimularon su repudio hacia la pasada dirigencia, pues como informó Por Esto!, sus exdirigentes estuvieron solos en su última asamblea del domingo pasado, en la antigua bodega de la Conasupo, donde Jiménez Potenciano departió con apenas un reducido grupo de incondicionales, con quienes compartió bebidas alcohólicas, pues ni el grupo musical que contrataron fue suficiente para conseguir que la gente se quedara después de la asamblea ilegal que realizó a pesar de no alcanzar el quórum requerido.
La mañana de ayer se realizó el proceso de entrega-recepción y Jiménez Pontenciano dejó el ejido en manos de Lauro Cantú. Algunos comuneros exigieron que se realice una auditoría a fondo de la dirigencia saliente.
Sobre Jiménez Potenciano y Haro, dirigentes de las dos pasadas administraciones, pesan acusaciones por despojos de predios, destrucción de montículos arqueológicos encontrados cerca del balneario “El Chorrito”, y la devastación de un área de selva, entre otras.
En más de una ocasión los ejidatarios señalaron que se lesionaron sus intereses por la privatización del banco de materiales, que se puso a nombre de un prestanombres, Fidel Guillén, quien durante nueve años realizó la ampliación no autorizada del éste.
Los ejidatarios han demostrado su respaldo hacia Lauro Cantú para que vele por sus intereses como ejido, pues durante los últimos tres periodos sus derechos fueron humillados y pisoteados, por lo que Juan Sarabia se convirtió en una de las demarcaciones más conflictivas.
Hace apenas un par de semanas, los exadministradores intentaron oponerse al proyecto del Tren Maya y chantajear al Gobierno Federal con la amenaza de protestas sociales si no se les otorgaba el precio que ellos querían por cada metro cuadrado.
Por ello, la Administración Federal inició un proceso de expropiación, por lo que al ver sus intereses dañados, aceptaron la oferta.
Sin embargo, en sus últimos días al frente del ejido, Haro y Jiménez Potenciano excluyeron de la lista de pago de indemnización por el proyecto del Tren Maya a un grupo de al menos 100 ejidatarios, con la finalidad de condicionarlos a retirar una denuncia interpuesta en su contra, y ya ganada, por el desvío de recursos en el pago realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el uso de sus tierras en la ampliación de la carretera Chetumal-Escárcega.
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NR