Quintana Roo presenta un problema de seguridad que golpea a su principal ingreso, el turismo. Los registros elaborados por organizaciones de apoyo revelan que casi 60 por ciento de los casos de extranjeros desaparecidos en Quintana Roo están activos, es decir, ninguna autoridad en el estado ha podido dar razón a las embajadas de los países las víctimas.
En el caso de las desapariciones de mujeres, las acciones del Protocolo Alba se reducen a las alertas en redes sociales, mientras que familiares y organizaciones buscan por separado. Este escenario se desarrolla en el marco de “mesas de trabajo” con embajadas y consulados de países europeos.
Ludovico Armando Zamora Herrera, vocero del colectivo de familiares de desaparecidos “Verdad, Memoria y Justicia”, realizó un análisis de las alertas por desaparición y no localización de personas desde 2007.
Sus datos arrojan que hay 74 extranjeros desaparecidos en Quintana Roo; 42 casos siguen activos, es decir, no hay paradero ni respuesta sobre la condición de la persona reportada; cuatro se localizaron sin vida y 28 vivos y ya están con su familia.
“El primer caso que tengo en el registro fue el de una joven israelí, Dana Rishpy, quien era vacacionista y desapareció en Tulum. Quince años después, no hay información sobre ella. Cabe aclarar que no todos los casos analizados se tratan de turistas; también hay gente local”, explicó.
Zamora ha dedicado tres años de su vida para especializarse en desapariciones y desapariciones forzadas, por lo que en breve recibirá la certificación profesional en Búsqueda de Personas, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El abogado explicó que hay un serio problema respecto a las desapariciones de mujeres, en general, y en este caso las extranjeras. Se trata de la falta de aplicación del Protocolo Alba para la localización de niñas, adolescentes y adultas.
“Este protocolo consiste en la búsqueda inmediata de cada reportada como desaparecida en tres fases. En este caso hay responsabilidad por parte de las autoridades de toda índole, pues es forzoso que se integre un comité técnico con los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, las direcciones de Seguridad Pública de los ayuntamientos involucrados, la Secretaría de Salud y la de Turismo. Poco se sabe si están coadyuvando a localizar a las víctimas de estos casos internacionales y de los quintanarroenses”, señaló.
Protocolo Alba, ausente
Las fases del Protocolo Alba fueron publicadas el 10 de mayo de 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, pero, según los registros consultados, poco se conocen. Únicamente se hallaron registros de asistencia o recibos de dieta de los funcionarios implicados del Gobierno de Carlos Joaquín González.
Las tres fases del protocolo consisten en un solo objetivo, hallar a la mujer desaparecida. La fase uno, que dura 48 horas, se enfoca en rastrear toda la información cercana para dar con el paradero de la víctima. Este protocolo, aunque se inicia por denuncia en el 911 (Servicio de emergencias a nivel nacional), se debe considerar como proceso de oficio en cualquier evento de este tipo.
En esta etapa, el contacto con los cercanos de la víctima es lo más importante, así como la asesoría jurídica para los denunciantes.
La fase dos trabaja con un análisis con todos los datos obtenidos en la primera fase y se despliegan operativos focalizados para su hallazgo. En este caso ya se difunden alertas de búsqueda en hospitales, instituciones oficiales, centros de asistencia social y cárceles estatales.
En esta parte se puede solicitar material de archivo de las cámaras de videovigilancia en el punto cercano o exacto referido en la denuncia.
Finalmente, la fase tres comienza al no haber tenido resultados en las dos primeras. En este caso, los fiscales responsables tienen que integrar toda la evidencia e información en el expediente (que debe de abrirse desde la fase uno) para coordinar, ahora con otras autoridades de otros lugares, la búsqueda.
En esta parte del proceso, se tienen que lanzar alertas en todo el país, solicitadas por la Fiscalía que lleva el caso. La escalada de anuncios para la localización debe hacerse en aeropuertos, hospitales privados, centros comerciales y cualquier lugar con afluencia de público.
“En ninguno de los casos de mujeres desaparecidas que apoya el colectivo de familiares de desaparecidos, hay constancia de alguna acción de este tipo. Ninguna secretaría, ni la de Seguridad Pública, se involucra en el tema. Sólo hay declaraciones someras por parte del Secretario de Gobierno y nada más. El protocolo es de respuesta inmediata y, desde el primer minuto de denuncia, hay presunción del delito, en el resto de los casos es a partir de las 72 horas de no localización”, explicó.
Zamora Herrera aclaró que, en la mayoría de los casos, tanto de mexicanos como de extranjeros hallados sin vida en Quintana Roo “no es por un trabajo arduo de las Unidades de Análisis de Contexto de la Fiscalía; los hallazgos de cuerpos se dan por casualidad, la gente va caminando y encuentran el cadáver”.
Según los datos del colectivo de familiares, Cancún es el punto rojo de desapariciones de extranjeros. Hay 17 hechos consignados. Le sigue Othón P. Blanco, con nueve activos; Solidaridad, con siete denuncias abiertas; y en Tulum hay tres.
Mesas de trabajo
Casi dos semanas después del último avistamiento de la rumana Mirela Stefania, la Fiscalía General del Estado sostuvo mesas de trabajo con miembros de una “Delegación Europea conformada por representantes de la Unión Europea y agregados de policía de las embajadas de España, Francia, Rumania, Italia, Alemania y Polonia a fin de intercambiar información y experiencias en materia de procuración de justicia.”
El recorrido fue por las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C5) para “fortalecer y consolidar técnicas de investigación”.
Se tienen conocimiento, además del caso de la rumana desaparecida el 13 de febrero, del paraguayo Francisco Alberto Talavera, que se extravió el 6 de marzo.
“Lo más preocupante es que no hay avances certeros en ningún caso, ni en los extranjeros ni de locales. La Fiscalía tiene en un completo abandono a las familias de las víctimas”, concluyó el analista.
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JG