Gobierno de Vicente Fox autorizó a Calica descargar líquidos residuales en Playa del Carmen

La empresa extractiva de materiales pétreos Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., antes conocida como Calica, ahora Sac Tun, cuenta con un título para el aprovechamiento de recursos naturales que le otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que le permite extraer y descargar aguas residuales en la entonces Zona Continental de Cozumel, ahora Playa del Carmen.

Asimismo, la licencia permite, desde el año 2004, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que la empresa, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, extraiga 11 millones 899 mil litros de agua anuales de una cuenca del acuífero de la Península de Yucatán a través de dos pozos: uno con capacidad de extracción de 8 millones 974 mil 700 litros al año y otro de 2 millones 934 mil 300 litros al año.

También, el título 2QNR103117/32EQDL14, que emitió Conagua, le concede a Calica descargar 976 mil 900 litros de aguas residuales al año, directamente al subsuelo, una cantidad que equivale al 8.21 por ciento de la suma total de agua que extrae anualmente para su actividad minera.

En otras palabras, cerca de 10 millones 922 mil litros de agua (el 91.79  por ciento del total permitido para extraer anualmente) se estarían contaminando con pequeñas partículas de suelo, lo que impide que sea tratada para ser reinyectada debajo del manto freático.

En meses recientes, las autoridades ambientales determinaron que la actividad de la compañía extractora ya había tenido un impacto negativo significativo en la orografía de la zona, afectando al subsuelo, el manto freático, ríos subterráneos, así como el paisaje natural, lo que podría derivar en socavones sobre la superficie. Incluso el Gobierno de México prepara una demanda contra la compañía.

El recuento de los daños

Recordemos que, en mayo, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró el predio La Rosita, propiedad de Calica en Playa del Carmen; indicó que la empresa provocó “graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo, por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas”, debido a la explotación de material pétreo debajo del manto freático.

Además, la clausura se dio después de que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) inspeccionara el lugar y determinara que la empresa incurrió en el “aprovechamiento indebido de los recursos naturales” y “del deterioro del medio ambiente”.

Las autoridades ambientales verificaban si Sac Tun cumplía con las normas federales en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como de impacto ambiental, derivado de sus actividades y de las obras que edificó la empresa. Fue de esta manera que detectaron “daños y deterioros graves a los ecosistemas”, lo que condujo a que se le impusieran “medidas de seguridad” como “las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”.

Según las autoridades ambientales, en 1986, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (actual Sedetus) y el Gobierno de Quintana Roo autorizaron a Calica la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en el predio La Rosita, sin establecer una vigencia máxima, ni volumen de explotación específico en el permiso.

A lo anterior hay que sumarle que, en enero de 2018, la Profepa clausuró parcialmente un banco de materiales de Calica (ahora Sac Tun), en el municipio de Solidaridad, donde la empresa extraía un volumen de material pétreo superior al que tenía autorizado. La autoridad ambiental impuso la suspensión de explotación del proyecto “Aprovechamiento de Roca Caliza por Debajo del Manto Freático en los predios El Corchalito y La Adelita en Solidaridad, Quintana Roo” de Calizas Industriales del Carmen.

Además, la Profepa detalló en su momento que, derivado de una serie de inspecciones en materia de impacto ambiental realizadas a la empresa, encontraron que Calica violó los términos y condiciones definidos en las autorizaciones que la Semarnat le otorgó.

Incluso, dicha autoridad concluyó que la compañía rebasó la superficie de explotación autorizada para el proyecto, la cual era de siete hectáreas por año, lo que daba un total de 140 hectáreas, considerando la vigencia del permiso de dos décadas; desde el año 2000 hasta el 2020; la Profepa constató que el excedente fue de 2.15 hectáreas hasta noviembre de 2017. Es decir que, para ese entonces, la empresa ya había agotado la superficie de explotación autorizada por el Instituto Nacional de Ecología, órgano desconcentrado de Semarnat.

Según la Semarnat, en 1996 Calica obtuvo la autorización para explotar piedra caliza sobre el manto freático en El Corchalito y La Adelita, en una superficie conjunta de mil 251 hectáreas. Incluso, el 30 de noviembre del 2000, un día antes de que el periodo del expresidente Ernesto Zedillo concluyera, la filial de la compañía Vulcan Materials obtuvo un tercer permiso, con vigencia de 20 años para explotación de roca caliza por debajo del manto freático en los mismos predios.

Vale poner en contexto que, en el oficio DOODGOEIA0007237 emitido el 16 de abril de 2001 por la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, del Instituto Nacional de Ecología, dirigido a Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V., la autoridad condicionó a la empresa a establecer un grupo de expertos que supervisara el cumplimiento de la ley ambiental, así como de los términos y condiciones estipulados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto en los predios La Adelita y El Corchalito.

“La empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. deberá: Crear un grupo de vigilancia ambiental interno, que será el responsable de vigilar, en todo momento, el cumplimiento de los términos y condicionantes a los cuales queda sujeto el proyecto. Dicho grupo deberá estar integrado por personal capacitado (incluyendo un especialista en el área ambiental) y con autoridad suficiente para evaluar los impactos ambientales que ocasione la extracción de material de roca caliza en los predios ‘La Adelita’ y ‘El Corchalito’. En caso de detectar la ocurrencia de impactos ambientales significativos que pongan en riesgo la estabilidad del cauce y/o el equilibrio ecológico de la zona, deberán ordenar la suspensión inmediata de los trabajos de extracción. Este hecho deberá notificarse con toda oportunidad, para que se resuelva lo procedente”.

Lo anterior indica que la empresa Sac Tun, antes Calica, no cumplió con lo estipulado en las normas en materia de impacto ambiental, ni en los acuerdos que suscribió con las autoridades para poder operar su proyecto de extracción de materiales rocosos en Quintana Roo. Incluso, la propia Semarnat reconoció que uno de estos permisos se dio de manera irregular, al no definir límites de volumen de extracción ni periodo de vigencia.

Ante las medidas que tomaron las autoridades ambientales federales, el 3 de septiembre de 2018, la empresa estadounidense Legacy Vulcan, que representa a Vulcan Materials Company y a su filial Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), notificó que demandaría al Gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En abril de este año, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, informó que el Gobierno mexicano y Vulcan Materials habían alcanzado un acuerdo para que su complejo minero, ubicado en Playa del Carmen, sea reconvertido en un desarrollo turístico y natural que aproveche el Tren Maya.

Por su parte, Vulcan Materials Company admitió que buscaba llegar a una solución con el Gobierno de México respecto a las concesiones que Sac Tun tenía para la extracción de materiales pétreos. De esta manera facilitaría a la Federación el puerto de Punta Venado, en la antes Zona Continental de Cozumel, para acelerar la construcción del megaproyecto ferroviario.

Pero todo se vino abajo cuando la Presidencia constató en un sobrevuelo que la compañía continuaba extrayendo materiales pétreos. Esto llevó al López Obrador a lanzar un ultimátum contra la compañía: si no se aceptaban las condiciones que pretenden proteger el medio ambiente, así como reconvertir los predios propiedad de Sac Tun, iba a recurrir a tribunales internacionales.

Entonces, en mayo pasado, Vulcan Materials Company dio el primer golpe: demandó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias al Estado mexicano y exigió una indemnización de mil 529 millones de dólares (31 mil 193 millones 129 mil pesos), por incumplimiento de la concesión que le fue otorgada.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, en su conferencia matutina del 14 de junio, que su administración interpondrá una denuncia internacional contra Vulcan Materials y Sac Tun (Calica), por los daños ambientales que provocó la filial minera en el Estado de Quintana Roo.

Recientemente, el 17 de junio, el Presidente sostuvo que su Gobierno demandará a Vulcan Materials ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como en tribunales internacionales, acusando a la filial Calica de devastar el medio ambiente. No sólo eso, el Gobierno también notificará a las bolsas de valores donde cotice la empresa estadounidense.

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CG