Al no concluir la transmisión de la propiedad de diversas fracciones de terreno con una superficie de 180-07-44 hectáreas en las que se constituyó la zona urbanizada de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, que se encuentra inmersa en la superficie de 1,200-00-00 hectáreas, que se cedieron gratuitamente al entonces Gobierno del Territorio de Quintana Roo, para la formación del Fundo Legal del Poblado de Playa del Carmen, Delegación de Gobierno de Cozumel, del mencionado Territorio, en razón de diversas controversias judiciales; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) reincorporó al dominio pleno de la Nación en calidad de terrenos nacionales la superficie de 180-07-44 hectáreas, sobre las cuales se constituyó la popular colonia.
Lo anterior, mediante acuerdo publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que deja sin efectos el Acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de terreno nacional, la superficie restante de las 1,200 hectáreas cedidas gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del Carmen, que no se hubieren ajustado a los Decretos publicados en fechas dos de abril de mil novecientos setenta y tres y quince de febrero de mil novecientos ochenta, publicado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno en el DOF.
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De acuerdo a los antecedentes publicados por la dependencia federal, el 22 de julio de 1971, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la "DECLARATORIA de propiedad nacional de un terreno compuesto de tres fracciones que suman 11,714-00-00 hectáreas, con superficies parciales que en la misma se detallan, sito en la Delegación de Gobierno de Cozumel, territorio de Quintana Roo"; posteriormente el siete de junio de mil novecientos setenta y dos se publicó en el DOF la "DECLARATORIA de propiedad nacional de un terreno innominado, Fracción Uno, sito en la Delegación de Gobierno de Cozumel, Territorio de Quintana Roo, con superficie de 1,393-00-00 hectáreas."
El 7 de octubre de 1971, el Gobernador del entonces Territorio de Quintana Roo, solicitó al entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cesión gratuita de terrenos nacionales para la formación del fundo legal del poblado Playa del Carmen, Delegación de Gobierno de Cozumel, Estado de Quintana Roo.
Asimismo, el 2 de abril de 1973, se publicó en el DOF el "DECRETO por el que se cede al Gobierno del Territorio de Quintana Roo, una superficie de 1,200 hectáreas para la creación del Fundo Legal del poblado Playa del Carmen, Delegación de Gobierno de Cozumel, Q. Roo", hoy municipio de Solidaridad; dentro de las cuales se encuentran inmersas 180-07-44 hectáreas, que conforman la zona urbanizada de la Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Sin embargo, el 26 de septiembre de 1975, en cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO y CUARTO del Decreto, se publicó en el DOF el REGLAMENTO al cual se sujetó el fraccionamiento de lotes urbanos y suburbanos comprendidos dentro del área destinada a la creación del fundo legal del poblado Playa del Carmen, Municipio de Cozumel, Q. Roo y donde establecía, entre otras cosas, que dicha superficie sería destinada “para los usos y servicios públicos de la población, así como fomentar socioeconómicamente dicha localidad, creando zonas de desarrollo turístico dentro de dicha superficie”.
Y se estableció un plazo de 3 años para que dicha superficie en caso de no haber sido destinada a un uso político no reducida a propiedad particular, regrese al dominio directo de la Nación.
En otras palabras, no se le dio el uso para el cual fue cedida por el gobierno de la República.
Y es que, cabe recordar, tras la ocupación de los terrenos en abril de 1994 (cuando se funda la colonia Luis Donaldo Colosio), durante el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz se crea la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) que comercializa los más de 5 mil lotes a favor de un particular, y donde el gobierno estatal también resultó beneficiado.
De acuerdo a la SEDATU, “se ha actualizado el supuesto jurídico contenido en el Decreto de fecha 2 de abril de 1973, por no haberse verificado los extremos en el mismo establecidos para regularizar la situación jurídica y adjudicación de los terrenos con una superficie de 180-07-44 hectáreas comprendidos dentro del fundo legal, en el plazo establecido para ello, que lo fue de cinco años, con una prórroga de cinco años adicionales, que establecía que si por algún motivo no llegare a fundarse la población, o no se aprovecharan todos los terrenos cedidos en el plazo que al efecto se fijara, el gobierno no podría dar otro destino a los terrenos, los que volverían al dominio de la Nación. La prórroga a la que hace mención, la presentó el entonces gobernador Constitucional del Estado Lic. Jesús Martínez Ross, mediante oficio número 9764 de fecha 12 de noviembre de 1979.
Pero, al no cumplirse lo estipulado, la SEDATU recupera los predios donde se encuentra este asentamiento, dejando en claro que las superficies que hubieren sido enajenadas por el Gobierno del Estado, así como por la moral denominada Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V., y aquellas de las que se acredite haber gestionado su regularización, se dejan a salvo los derechos de los propietarios resultantes.