En el país, alrededor de 16.3 por ciento de los hogares han vivido experiencias desfavorables relacionadas con la “inseguridad del agua”, y en el Sureste (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) el porcentaje es de 15.6 por ciento, es decir 15 de cada 100 viviendas, así lo dejó ver la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), realizada por la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Además, las regiones del país con mayor proporción de hogares en inseguridad hídrica fueron el Estado de México, con 23.9 por ciento, seguida por Pacífico-Centro (Colima, Jalisco y Michoacán), con 19.8 por ciento, y Pacífico-Sur (Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla), con 18.9 por ciento.
En ese sentido, el reporte de resultados de la encuesta precisa que la inseguridad del agua en los hogares es “la incapacidad de acceder y beneficiarse de agua adecuada, confiable y segura para el bienestar y una vida saludable”.
Por ello, la falta de este bien puede derivar en impactos perjudiciales para la salud mental, nutricional y física de las personas, incluso puede tener consecuencias como crisis económicas y políticas. La Ensanut recoge que, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 2015 se reportó una cobertura a nivel federal de agua potable de 94.4 por ciento, por lo que el 5.6 por ciento de los hogares no contaban con este servicio básico.
Sin embargo, dicha medición sólo se basaba en información sobre infraestructura y la disponibilidad, sin contemplar la experiencia de la población. Para la medición de la seguridad del agua se tomó en cuenta el acceso, uso y confiabilidad, indicadores relevantes por su relación con el bienestar de las personas.
Además, la encuesta indagó en las experiencias de la población entrevistada acerca de sentir preocupación por falta de agua, cambiar actividades cotidianas por dificultades o falta de acceso a este recurso, dormirse con sed o sentir vergüenza debido a la escasez.
Sin servicio
Por su parte, la Secretaría de Bienestar, en su último informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, basado en datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aseguró que el 4.14 por ciento de la población de tres estados de la Península no cuentan con servicio de agua potable.
En ese contexto, la cantidad de personas que reside en viviendas sin acceso a agua potable en la Península de Yucatán es: 41.2 mil campechanos (4.40 por ciento) en 12 mil 196 viviendas (4.70 por ciento); 130.5 mil quintanarroenses (6.90 por ciento) que habitan 38 mil 339 casas (6.90 por ciento); y 40.2 mil yucatecos (1.70 por ciento) que reside en 12 mil 322 hogares (1.90 por ciento).
No sólo eso, para mejorar el bienestar de la población no basta con tener acceso a agua, sino que sea apta para uso y consumo humano. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de calidad del agua subterránea de la Conagua, el 59.2 por ciento de los sitios hidrológicos subterráneas analizados en la Península de Yucatán están en semáforo amarillo.
En la Península, casi toda el agua que se encausa a la red de abasto público es extraída de los acuíferos. En 2020, la Conagua estudió la calidad de este recurso en 125 puntos hidrológicos de la región, con muestras captadas de manera directa en la fuente de abastecimiento, es decir, en su condición natural, sin tratamiento.
Dicho estudio reveló que de los 125 sitios hidrológicos, 41 pasaron con verde el semáforo, es decir, sólo el 32.8 por ciento cumplió con todos los estándares de calidad. Mientras que el 74 de los sitios analizados quedó en semáforo amarillo, lo que significa que 59.2 por ciento tienen niveles aceptables en alcalinidad, conductividad, dureza, así como las cantidades recomendadas de manganeso y hierro, por lo que tiene posibilidades de ser potabilizada y desinfectada para consumo humano.
Sólo 10 de los sitios de agua subterránea quedaron en rojo, o sea que el 8.0 por ciento presenta compuestos disueltos como fluoruros y nitrógeno de nitratos; bacterias coliformes fecales; y metales pesados como arsénico, cadmio, cromo, mercurio y plomo, sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas.
“El derecho al agua es universal y está intrínsecamente relacionado con otros derechos fundamentales como la alimentación y la salud, es decir, el derecho al agua afectará directamente la nutrición de los individuos, las enfermedades en una región, la economía de un país, entre otros aspectos”, resalta la Ensanut 2021.
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CG