Problemas como el hacinamiento y la falta de espacios adecuados y de proceso de rehabilitación integral son algunos de los problemas que las autoridades de Derechos Humanos detectaron durante el último diagnóstico realizado en el penal de la capital de Quintana Roo. Determinaron que pese a los esfuerzos, no han podido corregir problemas que se arrastraban desde años atrás.
En el estudio más reciente realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo (CEDH), el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal apenas alcanzó una calificación de 6.93, la cual, aunque se encuentra dentro del rango de lo aprobatorio con alerta, representó un descenso en la evaluación del 2020, cuando obtuvo 7.12.
Los evaluadores revisaron cinco ejes: aspectos que garantizan la integridad física, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de personas con requerimientos específicos. En cada uno se evalúan diferentes aspectos de la vida diaria y las actividades del penal.
En el primer eje, el Cereso recibió calificación reprobatoria en los parámetros servicios para mantener la salud de las personas y prevención y atención a la tortura; esto significa que se detectaron casos de tortura dentro de la cárcel. Se presentaron quejas por violación a los derechos humanos y se urgió a atender a las personas en condiciones de aislamiento.
El penal también reprobó un parámetro del segundo eje, pues no garantiza condiciones materiales e higiene de las instalaciones (ingreso, dormitorios, visita, áreas comunes, entre otros).
Asimismo, fue reprobado en el ejercicio de las funciones de autoridad (autogobierno/cogobierno), ausencia de actividades ilícitas y ausencia de cobros (extorsiones/sobornos), que pertenecen al eje condiciones de gobernabilidad, pues los visitadores de la Comisión determinaron que existe un autogobierno que se encarga del cobro por derecho de piso en el interior y otros delitos.
En el eje de reinserción social, el Cereso reprobó en el parámetro de Clasificación criminológica; y finalmente, en el eje grupos de personas con requerimientos específicos, fue aprobado en todos los criterios.
El diagnostico encontró que muchas de las autoridades penitenciarias continúan en sus puestos a pesar del cambio de Gobierno, pero no han podido abatir condiciones que van en contra la ley y el derecho, tales como el autogobierno, las extorsiones, el cobro por derecho de piso y la comisión de hechos delictivos.
El penal de Chetumal es considerado como uno de los más seguros. En él se encuentran recluidos entre mil y mil 100 internos. La cantidad varía debido a las personas que logran su libertad mediante amparos, cumplimiento de sus sentencias o algún otro factor.
Familiares de algunos internos, que solicitaron el anonimato para evitar represalias en contra de sus seres queridos recluidos, explicaron que el cambio de Gobierno y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública no sirvió de mucho ni erradicó los delitos que se cometen dentro del reclusorio.
Precisaron que constantemente se registra venta de droga; pero lo que más afecta a los internos es el cobro por “derecho de piso”, pues éstos tienen que pagar por tener acceso a una litera de cemento y para introducir artículos que son considerados como de primera necesidad.
Para ingresar una parrilla eléctrica es necesario pagar aproximadamente 300 pesos; mientras que por un ventilador se piden más de 2 mil pesos, todo dependiendo de la zona en la que se encuentre el detenido, indicaron.
Sin embargo, muchos acceden a desembolsar estas cantidades para hacer “más cómoda” la estancia de los detenidos.
Familiares denunciaron que tienen que pagar hasta 2 mil pesos para que los internos tengan algunos artículos como ventiladores y parrillas eléctricas.
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NR