Un arrendador se vio obligado a recurrir a la XVII Legislatura, al Órgano Interno de Control, a la Auditoría e incluso al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar la liberación del pago de las rentas del edificio que, desde su fundación en 2018, alberga las instalaciones de la Tercera y Cuarta Sala. La solicitud está dirigida al Presidente del Órgano Colegiado, Antonio Villalobos Carrillo. Además de la disputa financiera, se denunció la prepotencia y conducta inapropiada del funcionario, cuyo nombramiento fue cuestionado por irregularidades y señalamientos previos relacionados con el crimen organizado.
En la denuncia presentada por el propietario del inmueble ubicado en Cancún, José Ricardo Rodríguez Segovia, se destacan irregularidades violatorias del contrato de arrendamiento y se confirma un trato despectivo hacia los trabajadores del sitio. Rodríguez Segovia, en su misiva a los Diputados de la XVII Legislatura, expuso una serie de irregularidades que, además de violar el contrato firmado en su momento para la renta del local, también han sido confirmadas por trabajadores del lugar.
En lo que respecta a la renta del inmueble, explicó que desde la llegada de Villalobos Carrillo, en enero de 2022, los pagos mensuales han sido irregulares. Además, en ocasiones se emite un contrato mensual y otras veces bimestral, sin que hasta la fecha alguien en el Tribunal pueda dar una explicación clara sobre esta situación. A pesar de ofrecer soluciones en línea con la política de austeridad, como la instalación de paneles solares y la donación de pintura, estas propuestas fueron rechazadas por la presidencia del órgano.
Se relató un incidente de prepotencia ocurrido hace unos meses cuando se instalaban cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad del inmueble y sus trabajadores. El propio Presidente encaró al trabajador a través de gritos, intentando expulsarlo de las instalaciones, hasta que cambió de tono al escuchar la voz del propietario en el teléfono.
A pesar de intentar abordar personalmente el tema del pago del arrendamiento con el presidente del Tribunal, en varias ocasiones se citó al propietario y, después de esperar durante horas, se le canceló o reprogramó la cita. Ahora, intentan hacer que firme un contrato bimestral atrasado de noviembre y diciembre, argumentando que, de lo contrario, no recibiría el pago de la prestación, lo cual va en contra del contrato que establece que el pago debe realizarse al principio de cada mes.
No es la primera vez que existen quejas y señalamientos de actos de prepotencia en el interior del Tribunal de Justicia Administrativa. Personal de Chetumal, Playa y Cancún ha renunciado en los últimos meses debido al trato brindado por Villalobos Carrillo, quien ha restringido el acceso a los estacionamientos de las diferentes salas para los vehículos del personal, además de tratos denigrantes.
Antonio Villalobos Carrillo se desempeñó como empleado y luego titular de la Consejería Jurídica del exgobernador Carlos Joaquín González. Durante la XVI Legislatura, se operó políticamente para dejarlo a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa, primero como Magistrado y luego como Presidente, cuando aún no cumplía ni un año en la Magistratura.
Como se informó previamente en el Por Esto!, en enero de 2020 se encontró una “narcomanta” en Cancún dirigida a Antonio Villalobos Carrillo en la colonia Leonardo Rodríguez Alcaine, en la Región 516, específicamente en la calle 34 y la avenida 135.
En esa ocasión, junto a la manta con amenazas dirigidas al actual Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, se descubrieron tres cabezas humanas cercenadas. En el mensaje se acusaba al entonces Consejero Jurídico de Carlos Joaquín, Julio César Moreno Orendain, así como al Subsecretario municipal de Seguridad Pública, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez, de “vender” la plaza de Quintana Roo al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Pese a que el triple homicidio fue objeto de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, el mensaje y la manta colocada contra el actual Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa no fueron abordados en ese contexto.
Durante el proceso de selección como magistrado en 2020, no se solicitó información a las fuerzas armadas sobre Villalobos Carrillo. Sin embargo, fuentes de inteligencia revelan que existía un expediente que señalaba varios vínculos con delincuentes, incluido el aseguramiento de un par de vehículos que estaban bajo su poder y contaban con reporte de robo.
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