El Movimiento Indígena Maya Peninsular impugnó el resolutivo del Juzgado Octavo de Distrito que rechaza la acción colectiva promovida en el 2022 contra Calizas Industriales del Carmen (Calica), confirmó Quetzal Dzab González, Director del organismo.
Afirmó que el proceso legal no ha terminado y continuarán exigiendo el cierre de la empresa.
Además, el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) los integró como parte del proceso que enfrenta México contra la compañía de capital estadounidense, desde el pasado julio, y están a la espera de una fecha para ser citados.
Aunque Calica argumenta que no hay comunidades en las zonas aledañas a los predios, esto fue desmentido, luego que los pobladores de éstas se manifestaron a las afueras de la cantera.
“Hubo un momento, en junio y julio, en el que la misma representante de Calica nos nombró (a las poblaciones indígenas) como si no existiéramos, y nosotros, las comunidades aledañas a Calica, organizamos como demostración afuera de sus instalaciones que sí existimos y exigimos el cierre de Calica”, refirió.
Luego de esto, la representante de Calica los volvió a nombrar y el Ciadi les permitió integrarse al proceso como amicus curiae, lo que aceptaron.
El entrevistado insistió en los daños que la operación de la mina ha ocasionado a la salud de la población y a sus viviendas.
Incluso, la investigación oficial realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinó que a causa de las explosiones, muchas de las casas tenían habitaciones cuarteadas, y debido al polvo, habitantes de las zonas aledañas tienen problemas respiratorios. Expuso que todo esto fue ocasionado por Calica, pero originalmente los pobladores no sabían la razón.
Calica negó la existencia de las comunidades, pero se le demostró al Tribunal del Ciadi que sí existen, con fotografías del asentamiento Las Torres de Paz.
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AT