Personal de laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó su preocupación por el descenso de la población del tiburón ballena en la zona de agregación, durante los últimos cuatro años.
En las primeras dos décadas de avistamiento y nado con la especie se llegaron a contabilizar más de 700individuos; luego, poco más de 400, pero en los últimos años únicamente comenzaron a arribar uno o dos ejemplares al inicio de la temporada, el 15 de mayo; entonces, más de un centenar de embarcaciones lo acosan.
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El arribo masivo comienza hasta finales de junio y se reduce dos meses después; por ello, los ambientalistas han propuesto que la temporada de avistamiento se limite a dos meses, de julio a agosto, en lugar del actual periodo, que va del 15 mayo al 17 de septiembre.
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Esta solicitud provocó molestia entre los permisionarios, al punto que amenazaron a los promotores, e incluso a los tripulantes, para que no filtren fotografías en donde aparecen más de 60 botes enfilados sobre un único ejemplar, como exhibió un video de mala calidad viralizado la temporada anterior.
Los lancheros también han amenazado a los representantes de medios de comunicación, alegando que “su información es falsa” y desmintiendo las acusaciones de testigos, que han exhibido lesiones de escualos hechas con hélices de motores fuera de borda y por barcos grandes que cruzan cerca de la zona de agregación.
“Debido a la drástica disminución de avistamientos de tiburones en las últimas tres temporadas, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se ha reunido con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat, “para tomar medidas, pues la estrategia ha sido siempre disminuir el número de permisos para limitar la presencia de embarcaciones en el área”.
Por su parte, los ambientalistas han cuestionado por qué la Dirección General de Vida Silvestre y la Conanp emitieron tantos permisos entre el 2005 y el 2015, cuando se autorizó el aprovechamiento no extractivo hasta a 350 lancheros. Asimismo, acusaron a las autoridades de omitir la realización de un estudio de capacidad de carga de la zona de agregación.
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CC