Ante las quejas de la ciudadanía sobre los altos cobros de los taxistas en el municipio de Benito Juárez, el diputado de la Comisión de Movilidad en la XVIII Legislatura, Alberto Batún, dijo entender la situación, ya que tiene conocimiento de los costos exagerados y las condiciones del servicio de Taxis en Cancún, por lo que actualmente esto se encuentra en una mesa de análisis desde su función.
Sin embargo, la aplicación y cumplimiento de la ley, recae totalmente en el Instituto de Movilidad del estado, que es el organismo garante de supervisar y regular los servicios de transporte, por lo que actualmente lleva a cabo caravanas de inspección con base en los artículos 189, 190, 192 y 194 de la Ley de Movilidad de la entidad.
El legislador explicó que estas inspecciones se realizan para verificar que tanto taxis como plataformas digitales cumplan con los estándares de seguridad y que los pasajeros reciban un servicio eficiente y seguro, los inspectores tienen la facultad de revisar la documentación de los vehículos y de tomar medidas cuando se incumplen las normativas vigentes.
En cuanto a si considera que deben imponer restricciones para pertenecer al sindicato de taxistas, expresó que esto, desde el punto de vista jurídico, los sindicatos tienen el derecho de organizarse y establecer sus propios lineamientos internos, siempre en apego a la ley.
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Sin embargo, cualquier restricción para pertenecer a un sindicato debe ser equitativa y no discriminatoria, garantizando el acceso y representación de todos los trabajadores que deseen afiliarse. Es importante que cualquier regulación o restricción que se establezca esté orientada a fortalecer el sindicato, pero siempre con un enfoque inclusivo y que favorezca tanto a los trabajadores como al servicio público en general.
“Las leyes y reglas deben ser diseñadas para el bien común, pero también deben ser acompañadas de educación y vigilancia para que su propósito no sea distorsionado y es ahí donde entra en juego tanto el deber del estado como de la sociedad, asegurarnos de que las herramientas que nos hemos dado se usen de manera adecuada y ética, sin duda, es un desafío constante, pero es parte de nuestro trabajo como legisladores, y también como ciudadanos, fomentar el ‘deber ser’ y evitar el mal uso.”