Hoy se cumplen 20 años de uno de los hechos más violentos relacionados con el narcotráfico en esta ciudad, cuando nueve cadáveres fueron encontrados en dos sitios diferentes cerca del aeropuerto. Cuatro de éstos, los cuales nunca fueron identificados, estaban carbonizados dentro de un automóvil; además había tres elementos en activo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y dos “madrinas”.
Tras el hallazgo, autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron la delegación estatal y encarcelaron a más de una treintena de servidores públicos.
Ese día se sentó un precedente en Cancún y se reconoció, por fin, que existía una guerra abierta y sin cuartel entre dos grupos que se disputaban la plaza —con la evidente participación de policías de los tres niveles de Gobierno— guerra que aún continúa, aunque con más células criminales.
Esos ajustes de cuentas perpetrados por el crimen organizado, dejaron un sello imborrable aquel año y fueron el parteaguas de lo que aún ocurre en este destino turístico, donde cada vez hay más hechos de violencia.
De acuerdo con la evaluación del World Justice Project, México se encuentra entre los 10 países con el peor Índice Global de Estado de Derecho 2024, que mide el grado de seguridad de una sociedad. Ocupó el lugar 133 de un total de 142 naciones evaluadas, ubicándose por debajo de Etiopía, Kenia, Ecuador e incluso de Ucrania, que tiene el lugar 113, pese a que está en guerra con Rusia desde febrero del 2022.
El Índice Global de Estado de derecho 2024 también considera rubros como restricciones a los poderes gubernamentales, gobierno abierto, derechos fundamentales, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
Regresando al 2004, cerca de las 10 de la mañana del 25 de noviembre se informó de la aparición de nueve cadáveres en dos puntos cercanos al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).
Personal de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), detuvo a más de 30 servidores públicos, aunque la mayoría fueron exonerados en el 2009 y sólo algunos recibieron una sentencia de 25 años de prisión.
El motivo de la ejecución múltiple fue el control de la plaza, en la que estaban involucrados elementos policiacos y narcomenudistas de la localidad. El resultado fue de nueve personas asesinadas en unas pocas horas. Este hecho marcó el inicio de una guerra sin cuartel entre diferentes capos de la droga.
En esa época, trascendió que el motivo de las “narcoejecuciones” se debió a la venta de la plaza a dos cárteles diferentes. Los agentes de la extinta AFI fueron señalados como responsables.
El entonces titular de la SEIDO, José Luis Santiago Vasconcelos, vino a Cancún en dos ocasiones; la delegación estatal de la PGR fue tomada por el Ejército y personal de la SEIDO comenzó a detener a policías de los tres niveles de Gobierno y a funcionarios.
Un total de 33 servidores públicos fueron arraigados en Ciudad de México y 90 días después, consignados ante el Juzgado Tercero de Distrito y recluidos en el Cereso de Mérida, Yucatán.
Santiago Vasconcelos reconoció que la matanza obedeció a la disputa de dos grandes cárteles de la droga por el control de la plaza.
Con el paso de los años, los testigos protegidos se retractaron de sus acusaciones originales, dejando en evidencia la mala integración del expediente. De hecho, miembros de grupos colegiados en Cancún, quienes pidieron el anonimato por seguridad, coincidieron en que le arruinaron la vida a varios detenidos, quienes fueron exonerados cinco años después, por falta de elementos.
“En aquella época aún se usaba el arraigo, que más tarde fue declarado inconstitucional, pero en ese momento se quiso dar un golpe de autoridad deteniendo a varias personas. No dudo que algunos sí hayan estado involucrados, pero a otros les arruinaron la vida, pero en perspectiva, fue una respuesta política a un tema legal, sin hacer una investigación en forma. Todo fue a la carrera para responder a instrucciones de quien en ese tiempo haya estado al mando de la seguridad nacional, todo lo que se hace a la carrera, a la larga se cae, por violaciones a los debidos procesos”, indicaron los litigantes.
Añadieron que la situación de la violencia está creciendo porque todos los días hay ejecuciones, pero reconocieron que de dos semanas a la fecha se han dado nuevos “golpes de autoridad” con cateos y detenciones de “peces gordos” relacionadas con actividades del narcomenudeo y narcotráfico, mandando mensajes tanto a la ciudadanía como a los criminales.
