Un ciudadano denunció ante la Fiscalía General del Estado una serie de abusos por parte de agentes de Tránsito Municipal y la empresa Grúas Riviera. Según el afectado, se le intentó cobrar más de 10 mil pesos por el arrastre de su vehículo. Además, afirmó ser víctima de abuso de autoridad por parte de los oficiales, quienes lo detuvieron injustificadamente bajo el argumento de que se encontraba en estado de ebriedad.
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Hechos
El incidente ocurrió el fin de semana cuando agentes de la Dirección de Tránsito Municipal detuvieron al denunciante para una supuesta revisión de rutina. Según el afectado, los oficiales determinaron sin pruebas que estaba ebrio, ordenando su detención y el traslado de su vehículo al corralón. José Luis Ventura, el afectado, declaró que la acción fue arbitraria, con la intención de obtener un soborno, al cual se negó.
Aunque el test de alcoholemia realizado por un médico legista resultó negativo, el vehículo permaneció en el corralón durante el fin de semana, acumulando cargos. Además, la infracción fue entregada hasta el lunes y elaborada por una agente, cuando los oficiales involucrados eran hombres. La sanción ascendió a 13,571 pesos por conducir en estado de ebriedad (lo cual se desmintió) y 10 mil pesos por el arrastre del vehículo, pese a no haber cometido el delito.
Más denuncias contra grúas y tránsitoEste caso no es aislado. Otras denuncias señalan cobros excesivos de empresas como Grúas Riviera y Grúas del Sol. Los motociclistas son los más afectados, enfrentando multas de entre 3 mil y 5,700 pesos por conceptos de arrastre.
Miguel Ojeda, un motociclista, denunció: "Nos quitan las unidades por no tener placas al día, pero la economía actual no permite pagar todas las multas. Deberían implementar programas de regularización a bajo costo". Héctor Espinoza, otro afectado, comentó que presentó un comprobante de pago, pero su motocicleta fue remitida al corralón debido a la falta de placas, cuya emisión está retrasada por Sefiplan.
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Respuestas oficiales
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) confirmó la falta de material para elaborar placas vehiculares. Esto deja a los propietarios con la única opción de presentar el voucher de pago, lo cual queda a criterio de los agentes de tránsito.
Por su parte, las empresas de grúas justificaron las tarifas argumentando que están reguladas por Profeco y normativas legales. Sin embargo, señalaron que estas leyes no se actualizan desde hace 18 años, lo que genera conflictos al no considerar diferencias en los servicios prestados.
JGH