Varias mujeres, encabezadas por Romina Rivera Ramírez, presidenta y fundadora del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Cancún, para pedir esclarecer los hechos ocurridos en Chetumal, el pasado viernes, donde fueron víctimas de represión por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Aseguraron haber sido engañadas por el fiscal Julio César Moreno Orendain, quien, bajo la excusa de llevar a cabo una reunión virtual en las oficinas de esta entidad estatal, las mantuvo distraídas y aisladas en el recinto, tiempo que fue utilizado por los mandos de las diferentes policías para armar un convoy, en su mayoría integrado por mujeres, para desplegarse en el punto donde los manifestantes se encontraban congregados de manera pacífica, enfatizando que es un derecho ciudadano que tienen y que está estipulado en la Constitución Política.
Lo que más alerta les causó es que los trataron como delincuentes, en una acción en la que no importó la edad de los participantes, quienes sólo exigían justicia por la desaparición de sus familiares. Incluso, señalaron que durante un tiempo las tuvieron acorraladas, sin contacto con otras personas o familiares.
Informaron que procederán legalmente ante las autoridades estatales y buscarán el apoyo de las entidades federales para tener una protección digna y puedan ejercer sus derechos libremente, por lo que dijeron que no tendrán temor alguno en llegar hasta las últimas consecuencias para que todo el peso de la ley caiga sobre los organizadores de esta represión.
Al parecer, los integrantes policiales que acudieron a la capital del estado desconocen que estas manifestaciones pacíficas están conformadas por hombres y mujeres, muchos de edad avanzada, que están luchando para encontrar a sus familiares, para lo cual solicitan el apoyo de la autoridad, que en esta ocasión fue la misma que los reprimió.
Acuden a la Cdheqroo
Respecto a la represión contra la manifestación del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, los afectados solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) iniciar una queja de oficio contra los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por violentar su derecho a la protesta, siendo que, aseguraron, fue pacífica.
Los inconformes expresaron que sólo exigían que la FGE, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, cumplieran con los procesos para localizar a sus desaparecidos.
Hace algunos días, familiares de trabajadores extraviados también bloquearon la entrada y salida de Chetumal, al no obtener respuestas de las autoridades encargadas de su búsqueda, acción que paralizó el tráfico durante varias horas.
Impartición de justicia, bajo presión
Graciela Rojas, integrante y abogada del colectivo feminista “Marea Verde”, dijo que es un gran paso que en Quintana Roo se dictara la primera sentencia por el delito de desaparición forzada, con una condena de 50 años en contra de Ángel Conrado Salas Blanco, por el caso de Francisca Mariner Flores Patrón; sin embargo, dijo que “se quedan cortos en materia de imposición de justicia”, pues para que las autoridades hagan su trabajo, en la mayoría de las veces hay que hacer marchas, plantones y bloqueos, por lo que “realmente no es un favor el que nos hacen, es el derecho primordial de los ciudadanos”.
Entre las cosas pendientes por resolver, está el que no se le de carpetazo a los casos y que se investigue detenidamente cada uno. También el que se interpongan condenas más severas para los culpables, como en este caso, ya que comúnmente no se mueve nada sin que se encuentre la víctima o su cuerpo, por lo que esto dejará un precedente para futuras situaciones.
Por su parte, Ana Brenda Ramírez, del colectivo “Pinas Feministas”, dijo que las autoridades deben ser congruencia porque cuando tienen un acercamiento con familiares de las víctimas, les prometen justicia con discursos que rara vez cumplen; además, no se deberían acercar a los colectivos para que les hagan caso, ya que los mecanismos efectivos deberían existir en las instituciones.
Lo preocupante de todo, expresó, es que los actos violentos hacia las mujeres no han disminuido, al contrario; es por ello que el movimiento feminista sigue creciendo y ahora se unen otros colectivos, como los de las familias de los desaparecidos, lo que indica la incompetencia en el ejercicio de la justicia.
Según el colectivo feminista “Malinches Ingobernables”, a principios del 2024 atendieron más de 60 delitos por violaciones a mujeres, alrededor de 45 de violencia familiar y ocho por vicaria; además, dieron seguimiento a 22 casos de desaparecidos, de los que solamente 12 se logró una sanción legal contra los agresores.
Autoridades deben atender reclamos ciudadanos
Ante el creciente número de bloqueos carreteros en el Sureste del estado, siendo el más reciente el realizado por integrantes del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, en la avenida Insurgentes, en Chetumal, mismo que fue replegado por las autoridades, con señalamientos de los protestantes de excesivo uso de fuerza, empresarios locales pidieron a las autoridades que las demandas de la ciudadanía se atiendan en forma, manifestando su preocupación ante la alta incidencia de estos casos y las afectaciones que se derivan hacia terceros.
“Es natural que los automovilistas lleguen al hartazgo, independientemente de las razones que tengan los manifestantes”, dijo Amir Padilla Espadas, presidente de la Canaco-Servytur Tulum Chetumal.
Agregó que, como organismo empresarial, están totalmente a favor de la libertad de expresión, pero los bloqueos carreteros se salieron de control, por lo que se requiere orden y que las autoridades atiendan los reclamos de la sociedad, refiriéndose a los cierres de vialidades en la capital del estado y alrededores contra el servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los pagos impuntuales a trabajadores de las constructoras del Tren Maya y falta de atención de los encargados de la seguridad estatal, como en los casos de personas desaparecidas, con pocos avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Padilla Espadas puntualizó que la ciudadanía debe presentar sus quejas a través de los conductos correspondientes para evitar escalaciones, en miras de buscar primero el diálogo y la concertación.
