Transporte público, al borde del colapso

Los concesionarios del transporte público, que se habían mantenido sospechosamente callados durante dos meses, reiteraron ayer la urgencia de que el Gobierno del Estado les autorice un aumento en las tarifas y subrayaron que, aunque ya se dio un acercamiento con la Dirección de Transporte, es inaplazable una reunión formal para resolver de una vez la situación que enfrentan, la cual calificaron como caótica.

Arturo Rodríguez Berzunza, presidente de la Alianza de Camioneros de Yucatán, y Héctor “Billy” Fernández Zapata, dirigente del Frente Unico de Trabajadores del Volante, puntualizaron que la actividad está al borde del colapso no sólo por las imparables alzas a los combustibles e insumos, sino también porque va para dos meses que no les entregan el subsidio que recibían del gobierno estatal.

Señalaron que conscientes de que la actual administración que encabeza Mauricio Vila Dosal está en proceso de acomodo, en especial la Dirección de Transporte, que está en proceso de reestructuración operativa, resaltaron que los transportistas han esperado pacientemente a que sean convocados para buscarle una solución inmediata al problema que enfrentan.

No hay subsidio ahora

Sin embargo, coincidieron en que los concesionarios ya no pueden esperar más debido a las pérdidas que resienten desde hace meses y que cada día se agudizan, además de que tienen que cubrir las prestaciones de sus trabajadores, como es el pago del aguinaldo que se avecina.

Rodríguez Berzunza hizo notar que el primero de enero del 2017, cuando se aumentó la tarifa en un peso al pasar de siete a ocho pesos (y la social de tres pesos no tuvo ninguna alza), el litro de diésel estaba a 13.40 pesos y ayer martes su precio era de 20.27 pesos y con tendencia al alza.

Pero no sólo eso –continuó–, tenemos que comprar refacciones y demás insumos al valor del dólar y cada vez sube en vez de bajar, además de que tenemos que pagar Seguro Social, Infonavit y otras prestaciones a nuestros trabajadores que, en el caso de la Alianza, son más de mil 200.

Explicó que el subsidio mensual que otorgaba el Gobierno del Estado era de 16 millones de pesos para mil 509 unidades de las diversas empresas que prestan el servicio, con el compromiso de que se aumentaría en dos millones de pesos a partir de marzo pasado.

No obstante, el gobierno saliente no pagó el mes de septiembre y tampoco cumplió con lo pactado de aumentar los dos millones de pesos para compensar los incrementos a los combustibles.

En ese sentido, dijo que ahora va para dos meses sin el subsidio gubernamental y con aumentos imparables que ponen en una situación de riesgo el servicio de transporte público.

No queremos afectar usuarios

A su vez, Fernández Zapata señaló que la situación de los trabajadores de la organización que representa es la misma e incluso peor, ya que las rutas foráneas que cubre el Volante (70 por ciento del total del Estado) de igual manera se ven afectadas, lo que ha ocasionado que algunas rutas realicen ajustes menores.

Por esa razón, dijo que en las próximas horas se reunirá con la directora de Transporte, Wendy Lugo Ancona, para exponerle los problemas que enfrenta su agrupación, entre los que se encuentra el alza a las tarifas.

Al igual que el dirigente de la Alianza de Camioneros, Fernández Zapata dijo que la intención de los transportistas no es lesionar la economía de los usuarios, pero lamentablemente no pueden seguir manteniendo las mismas tarifas ante los elevados costos de los combustibles e insumos que se utilizan en la actividad.

Los dos entrevistados coincidieron también en que están conscientes de que los incrementos que se han registrado en las gasolinas e insumos no es culpa del gobierno estatal, pero puntualizaron que la autoridad debe escuchar a los concesionarios y atender sus reclamos y autorizar una tarifa emergente justa u otorgar subsidios para que la actividad no se colapse.

(Rafael Mis Cobá)