Ximena Suárez Enríquez, subdirectora para México de la organización Washington Office on Latin America, consideró ayer que el país vive el mayor reto en materia de derechos humanos, pues en este rubro las condiciones empeoraron con los gobiernos del Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. No obstante, dijo que a la vez hay esperanzas porque hay una organización de la sociedad civil que no se había visto antes.
La ponente ofreció la charla “México en el panorama internacional de los Derechos Humanos” como parte de la Quinta Jornada de Derechos Humanos que se lleva a cabo en la ciudad.
Destacó cinco temas que son preocupantes y que son vistos como problemas serios desde la óptica internacional.
Dijo que, desde el gobierno de Felipe Calderón y luego con el gobierno de Peña Nieto, la situación de los derechos humanos ha empeorado, como resultado de la corrupción y la impunidad. Citó los casos de varios ex gobernadores que han cometido graves atracos, sin que hayan sido castigados.
Impunidad generalizada
“Hay más información que nunca de cómo el gobierno usa el poder para beneficiarse y no hay autoridades, fiscalías, que investiguen estos casos; por eso varios expertos han dicho que en México la impunidad es generalizada, no se sanciona a servidores públicos”, expuso.
Manifestó que uno de los grandes retos es acabar con la impunidad y la corrupción que son generalizadas en México e incluso desde la comunidad internacional se le recrimina a México por no hacer lo suficiente para combatirlas.
Otro tema preocupante, dijo, es el de las violaciones graves a derechos humanos, que inició desde que Felipe Calderón sacó a los militares a la calle para realizar labores de seguridad pública y combatir al crimen organizado.
“Desde entonces se ha visto un incremento en casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Son violaciones de las más graves que son las que comete el Estado, que debería protegernos, y por ello son graves a nivel internacional”.
Agregó que una gran parte de los abusos han sido por parte de efectivos del Ejército y dijo que estos abusos, como los que sufren también los migrantes, en el 99 por ciento de los casos jamás se castigan y son un motivo de preocupación internacional.
Libertad de expresión
En tercer lugar, dijo que han crecido como nunca los ataques a la libertad de expresión, que son más graves y sofisticados.
“En estos años se han incrementado los asesinatos de periodistas en México y estos casos normalmente no se investigan. Además, han crecido los abusos en contra de defensores de Derechos Humanos, cada vez hay más ataques en contra de ellos”, señaló.
También se ha observado una mayor cooptación de medios de comunicación, en lo federal o lo local, a través de “publicidad” oficial que los hace dependientes del dinero de los gobiernos, lo que los obliga a limitarse o callarse lo que el poder no quiere que se diga.
“Hay casos graves documentados a nivel federal y estatal y esto limita desde luego lo que se puede investigar o decir, pero también limita al derecho que tenemos de conocer lo que está sucediendo como ciudadanos”, expresó.
Pueblos indígenas
El cuarto tema, dijo, es la violación sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas, por ejemplo, a través de grandes proyectos en las comunidades que han impulsado, en su momento Felipe Calderón y ahora Peña Nieto. Esta violación a los derechos humanos, comentó, va de la mano con una situación de violencia que se ataca a quienes defienden el derecho de que se consulte a los pueblos.
“Es un tema que ha surgido últimamente como preocupación en la comunidad internacional”, señaló.
El otro tema de gravedad y que ha tomado relevancia en los últimos tiempos es el de la violación a los derechos humanos de los migrantes o de las personas que piden asilo, como el éxodo de migrantes centroamericanos que se vive en estos días.
“Sabemos que México es un país que expulsa gente a Estados Unidos por condiciones de inseguridad, pobreza, pero ahora se ha agravado en Centroamérica, pues es gente que busca refugio en el país o se mantiene en tránsito”, comentó.
Sin embargo, dijo que aunque el panorama es adverso y estos cinco temas comentados implican retos importantes, desde la sociedad civil se ha generado una gran participación para llevar estos temas a debate público y para que se respeten los derechos humanos.
Como ejemplo, mencionó que desde la sociedad civil se han organizado grupos de víctimas para que se investiguen casos de desaparición y que ha derivado en logros importantes como la Ley de Desapariciones que se acaba de aprobar.
“Se han organizado para exigir al gobierno que deje de cometer violaciones e investigue”, expuso.
Esfuerzo colectivo
Dijo que, aunque el movimiento por los desaparecidos empezó desde el 2007, en el Norte las familias enfrentaron a una autoridad que no les respondía, con toda la frustración las familias canalizaron un esfuerzo de organización colectivo y hoy cuentan con muchos representantes en el país.
“Tenemos retos importantes, pero también una buena organización como el Colectivo Seguridad sin Guerra, dedicado a denunciar las políticas de seguridad y exigir un debate serio de seguridad”, señaló.
Mencionó también el Colectivo Fiscalía que opera a nivel nacional integrado por más de 100 organizaciones, para que los Ministerios Públicos funcionen.
“Es interesante que han identificado que la falta de capacitación se debe a un tema político, porque las Fiscalías o Procuradurías dependen de Poder Ejecutivo; los presidentes han designado a sus amigos, compañeros de partido político, cuando no tienen la preparación para ser fiscales o procuradores”, concluyó.
(David Rico)