En Yucatán, la prevalencia de violencia obstétrica es de 36.5 por ciento, cifra que rebasa la media nacional de 33.4, según la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).
Además, en los últimos cinco años, las mujeres del Estado han acusado a las instituciones de salud de violentarlas durante las diferentes etapas de su embarazo e incluso el parto.
Los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Mexicano del Seguro Social (IMSS) son los que llevan a cabo esta operación con mayor frecuencia.
En esas instituciones, las prácticas de violencia obstétrica más comunes son regaños y gritos del personal, pues eso ocupó el primer lugar en cuanto a las prácticas de violencia obstétrica, de acuerdo con las encuestadas en el mencionado estudio.
Otras acciones fueron el excesivo tiempo de espera para recibir atención, ser ignoradas al preguntar dudas sobre el parto o sus bebés, la presión para colocarse un dispositivo anticonceptivo o para aceptar no tener más descendencia. Además, la obligación de permanecer en una posición incómoda, la negativa de medicamentos para el dolor y ser intervenidas o esterilizadas sin su consentimiento.
El Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) define la violencia obstétrica como cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer en el transcurso de su gestación, parto y posparto.
Este fenómeno puede expresarse en la falta de acceso a servicios reproductivos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o un abuso de medicación que menoscabe la capacidad de la paciente de decidir de manera libre e informada.
La asociación recalca que este flagelo es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y de género.
La Endireh más reciente indica que el territorio se ubica en el sexto lugar en el país, superado sólo por el Estado de México con 39.5 por ciento, Ciudad de México con 39.2, Tlaxcala con 37.7, Morelos con 37.2 y Querétaro con 36.9.
Hace unos años la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió la Recomendación General 07/2015 dirigida a la Secretaría de Salud estatal (SSY), fundada en 26 quejas sobre violencia obstétrica que condujeron a la muerte de cinco mujeres y nueve bebés.
El documento se expidió debido a prácticas médicas y administrativas que constituyeron transgresiones a los derechos humanos durante la atención del embarazo, parto y puerperio, así como acciones y omisiones que generaron deficiencias en la atención de niñas y niños recién nacidos en nosocomios públicos de la entidad.
Este organismo autónomo analizó 22 expedientes de 26 afectadas entre 2005 y 2015, en los que se encontraron negligencia médica, prestación indebida del servicio público del sector salud, negativa o inadecuada prestación del servicio público del sector salud.
Asimismo, violación a la protección de la salud, al derecho a la protección a la integridad y al derecho de niñas y niños a la protección de su integridad, así como omitir dar información sobre su condición.
(Rafael Gómez Chi)